Culiacán, Sin., 23 de agosto de 2026.- Rubén Rocha Moya solicitó nuevamente licencia para separarse de la gubernatura de Sinaloa, apenas unas 33 horas después de haber retomado el cargo, en medio de una creciente presión política dentro y fuera de Morena y mientras continúan abiertas investigaciones federales relacionadas con señalamientos formulados en su entorno político.
Rocha había regresado oficialmente a sus funciones el 21 de agosto, después de permanecer más de tres meses separado del gobierno. La administración estatal informó entonces que su ausencia tuvo como propósito, según la explicación del propio mandatario, no interferir en investigaciones y permitir que las instituciones realizaran su trabajo.
Sin embargo, durante la tarde del sábado 22, el gobernador presentó una nueva solicitud de licencia ante el Congreso local. En un mensaje difundido públicamente señaló que “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, sin ofrecer mayores detalles sobre las razones inmediatas de su decisión.
La nueva separación ocurre después de que dirigentes, legisladores y gobernadores de Morena marcaran distancia de su reincorporación. El caso también ha generado declaraciones de exfuncionarios estadounidenses y de actores de oposición que reclaman investigaciones y eventuales responsabilidades.
Es importante distinguir las posiciones políticas de las determinaciones judiciales: los señalamientos contra Rocha no constituyen una declaración de culpabilidad, y cualquier responsabilidad penal tendría que ser acreditada por las autoridades ante los tribunales competentes.
La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al Congreso de Sinaloa designar un gobierno interino con capacidad para enfrentar la crisis de seguridad y económica de la entidad y advirtió sobre los costos que genera la incertidumbre institucional.
El siguiente punto crítico será la decisión del Congreso local sobre la licencia y la definición de quién asumirá nuevamente el Ejecutivo estatal, además de cualquier actualización que emita la Fiscalía General de la República.
