La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y su hija obtuvieron una acreditación que reconoce sus conocimientos y experiencia en la localización de personas. La activista insiste en que las familias no deben sustituir las obligaciones del Estado.
Ciudad de México, 9 de octubre de 2026.- La activista Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores obtuvieron una certificación oficial en búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, convirtiéndose en las primeras familiares buscadoras en recibir este reconocimiento bajo el Estándar de Competencia EC1542.
La acreditación fue expedida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo vinculado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante un proceso respaldado por el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato.
El reconocimiento representa un avance en la profesionalización de las familias que, durante años, han realizado investigaciones, recorridos y trabajos de localización ante la desaparición de sus seres queridos.
Flores explicó que la certificación permite reconocer formalmente las habilidades adquiridas por quienes han tenido que aprender técnicas de búsqueda en circunstancias marcadas por la incertidumbre, el dolor y la exigencia de respuestas.
Una preparación que nació de la necesidad
La certificación EC1542 contempla conocimientos relacionados con la recopilación de información, elaboración de fichas de búsqueda, análisis de contexto, entrevistas, exploración de terrenos, búsqueda remota y documentación de hallazgos.
Estas competencias permiten fortalecer los procedimientos de localización y promover la aplicación de metodologías compatibles con los protocolos oficiales.
Para Ceci Flores, la preparación técnica representa una herramienta adicional para continuar una labor que comenzó tras la desaparición de sus hijos Alejandro Guadalupe, en 2015, y Marco Antonio, en 2019.
En marzo de 2026, integrantes de su colectivo localizaron parte de los restos de Marco Antonio, mientras que la búsqueda de Alejandro Guadalupe continúa.
La activista ha señalado que la experiencia acumulada por las madres buscadoras merece reconocimiento institucional, particularmente porque muchas de ellas han desarrollado conocimientos especializados a partir de años de trabajo en campo.
La búsqueda sigue siendo responsabilidad del Estado
Aunque celebró la certificación, Flores dejó claro que la profesionalización de los colectivos no significa que las autoridades puedan trasladar sus obligaciones a las familias.
En su pronunciamiento público sostuvo que el objetivo es ampliar las capacidades de quienes buscan a sus desaparecidos, sin reemplazar a las instituciones encargadas de investigar y localizar a las víctimas.
La dirigente también expresó su intención de que este primer reconocimiento abra oportunidades para que más madres, padres, hermanos y otros familiares reciban capacitación especializada.
Su planteamiento ocurre en un contexto nacional en el que más de 130 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas citadas en los reportes difundidos el 7 de octubre.
Un reconocimiento frente a la crisis de desapariciones
La certificación de Ceci Flores y su hija también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda, mejorar la coordinación entre autoridades y colectivos, y garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en estas tareas.
Organismos internacionales han advertido sobre los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras en México y han reiterado que corresponde al Estado asumir la responsabilidad principal de investigar las desapariciones y localizar a las víctimas.
Por su parte, el Gobierno federal ha reconocido que la búsqueda constituye una obligación de las instituciones públicas, aunque ha rechazado determinadas caracterizaciones sobre la existencia de patrones estatales de violencia contra personas buscadoras.
El reconocimiento oficial de las capacidades de las familias abre una nueva posibilidad para su capacitación, pero también evidencia una realidad persistente: en México, numerosos familiares han tenido que adquirir conocimientos de investigación y búsqueda para intentar encontrar a quienes desaparecieron.
La certificación no resuelve por sí misma la crisis de desapariciones, pero establece un precedente para reconocer formalmente las competencias desarrolladas por los colectivos y facilitar el acceso a herramientas especializadas.
Para Ceci Flores, el propósito permanece intacto: encontrar a las personas desaparecidas y conseguir respuestas para sus familias.
