Ciudad de México, 22 de julio de 2026.- Una investigación periodística publicada por El País amplía la dimensión del presunto esquema de contrabando de combustibles bajo investigación de las autoridades mexicanas, al estimar que una red empresarial relacionada con Ingemar, S.A. de C.V. habría movilizado más de 800 millones de litros de gasolina y diésel durante un periodo aproximado de 15 meses.
De acuerdo con el reportaje, elaborado a partir del análisis de registros comerciales, aduanales y documentación relacionada con la investigación, las operaciones habrían implicado alrededor de 7 mil 200 movimientos ferroviarios y cerca de 5 mil traslados mediante camiones cisterna, cifras que reflejarían una logística de gran escala.
Estiman un daño fiscal superior al reportado inicialmente
El trabajo periodístico también calcula que el presunto perjuicio para la hacienda pública podría ascender al menos a 5 mil 400 millones de pesos, una cantidad superior a los más de 4 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República habría mencionado durante las audiencias iniciales del proceso penal.
Es importante precisar que esta cifra corresponde a una estimación periodística basada en la documentación consultada por el medio y no constituye un monto oficialmente determinado por una resolución judicial.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado público en el que confirmen esa cantidad como daño fiscal definitivo.
Revelan nuevos vínculos corporativos
La investigación también incorpora información sobre la estructura administrativa de las empresas involucradas.
Según el reportaje, José Luis Rangel Martínez habría sido nombrado administrador único de Ingemar en julio de 2025.
Asimismo, el mismo nombre aparece identificado como comisario de Crismón Hidrocarburos y Derivados, empresa que también forma parte de las líneas de investigación descritas por el medio.
Posibles operaciones financieras bajo revisión
El reportaje sostiene además que información atribuida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que Ingemar habría recibido recursos económicos provenientes de Crismón Hidrocarburos y Derivados y posteriormente habría transferido parte de esos recursos a empresas ubicadas en el extranjero.
De acuerdo con la publicación, esas operaciones son analizadas como posibles mecanismos de triangulación financiera, aunque el medio aclara que forman parte de las investigaciones en curso.
Hasta esta fecha, la UIF no ha emitido un pronunciamiento público que confirme oficialmente esos movimientos financieros, por lo que esta información debe considerarse parte de una investigación periodística sustentada en documentación consultada por el medio.
Investigación continúa en etapa judicial
El caso Ingemar permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República, dentro de un proceso relacionado con presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
En días recientes, diversos medios nacionales informaron sobre la vinculación a proceso de varios imputados, entre ellos el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como otros empresarios presuntamente relacionados con la investigación. No obstante, ninguna de estas actuaciones constituye una sentencia condenatoria, por lo que todas las personas involucradas conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.
Un caso que sigue creciendo
La nueva información publicada por El País amplía el panorama sobre la magnitud económica y operativa del presunto esquema investigado y añade elementos sobre la posible relación entre diversas empresas y movimientos financieros.
Sin embargo, tanto las cifras de combustible movilizado como el monto del posible daño fiscal y las presuntas operaciones de triangulación deberán ser corroborados mediante las investigaciones oficiales y, en su caso, valorados por las autoridades judiciales competentes antes de determinar responsabilidades.
Fuente principal: Investigación periodística de El País publicada el 22 de julio de 2026, complementada con antecedentes públicos del proceso judicial en curso.
