Ciudad de México, 26 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto esquema de huachicol fiscal relacionado con la importación irregular de combustibles no se limita a Ingemar, S.A. de C.V. ni a las ocho personas actualmente vinculadas a proceso, sino que se ha extendido hacia otras empresas y empresarios cuya posible participación continúa bajo análisis.
Durante su conferencia matutina del pasado 24 de julio, la mandataria fue cuestionada sobre el avance de las investigaciones y respondió que la FGR mantiene abiertas diversas líneas para determinar la participación de más actores dentro de la cadena de importación, almacenamiento y comercialización del combustible que presuntamente ingresó al país mediante un esquema de evasión fiscal.
“Hay muchas otras empresas y empresarios que están siendo investigados”, señaló la presidenta al referirse al alcance actual de la indagatoria.
Investigación va más allá de la importación
Sheinbaum explicó que uno de los principales objetivos de la Fiscalía es reconstruir toda la ruta del combustible, desde su ingreso al territorio nacional hasta su destino final.
Esto implica revisar no solamente a las empresas importadoras, sino también a quienes pudieron intervenir en:
- el almacenamiento de los hidrocarburos;
- su transporte ferroviario y terrestre;
- la distribución comercial;
- y eventualmente su venta en estaciones de servicio.
La declaración presidencial constituye, hasta ahora, la confirmación oficial más clara de que el expediente continúa creciendo y que la investigación no se circunscribe únicamente a las personas que ya enfrentan un proceso penal.
¿Qué se sabe hasta ahora?
Hasta el momento, la FGR ha informado judicialmente sobre la vinculación a proceso de ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, dentro de una investigación por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y manejo de hidrocarburos.
El caso también está relacionado con el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques localizados en Coahuila.
Paralelamente, investigaciones periodísticas publicadas por diversos medios nacionales han señalado que la Fiscalía analiza una red integrada por diversas sociedades mercantiles dedicadas a actividades de importación, logística ferroviaria, comercialización y servicios aduanales. Sin embargo, muchas de esas referencias provienen de expedientes ministeriales o documentos judiciales consultados por la prensa y no constituyen resoluciones definitivas.
Sin nuevos nombres oficiales
Pese a confirmar que existen más líneas de investigación, la Presidencia no dio a conocer la identidad de las empresas ni de los empresarios adicionales que actualmente son objeto de revisión.
Tampoco informó si ya fueron solicitadas nuevas órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso, aseguramientos o bloqueos de cuentas relacionados con esos posibles investigados.
La Fiscalía General de la República tampoco ha difundido hasta ahora un comunicado público que detalle el número de compañías adicionales, el estado procesal de cada investigación o la posible existencia de nuevas imputaciones.
Una investigación que podría ampliarse
Especialistas consideran que este tipo de investigaciones financieras suelen desarrollarse por etapas, incorporando progresivamente nuevos elementos conforme avanzan los análisis contables, fiscales, aduaneros y bancarios.
En ese contexto, la confirmación realizada por la presidenta indica que las autoridades aún trabajan para determinar la dimensión completa del presunto esquema, identificar posibles beneficiarios económicos y establecer la ruta seguida por los combustibles después de su importación.
Lo que está confirmado y lo que sigue bajo investigación
Hasta este momento, está confirmado que:
- La FGR mantiene abierta una investigación relacionada con un presunto esquema de huachicol fiscal.
- Ocho personas han sido vinculadas a proceso dentro de esa causa penal.
- La investigación se ha extendido hacia otras empresas y empresarios, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Las autoridades buscan reconstruir la cadena de importación, almacenamiento y distribución del combustible investigado.
Aún no está corroborado públicamente:
- La identidad de todas las empresas bajo investigación.
- El número total de empresarios involucrados.
- La existencia de nuevas órdenes de aprehensión o futuras imputaciones.
- La responsabilidad penal de las compañías mencionadas en reportajes periodísticos.
La apertura de líneas de investigación no implica culpabilidad. Conforme al principio de presunción de inocencia, cualquier responsabilidad penal deberá acreditarse mediante el proceso judicial correspondiente y, en su caso, mediante una sentencia firme.
