Aguascalientes, Ags., 28 de octubre de 2026.
México supera las 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras Aguascalientes enfrenta una realidad preocupante: jóvenes que no regresan a casa, familias que denuncian obstáculos institucionales y colectivos que recorren terrenos en busca de respuestas. Aunque la entidad registra una cantidad absoluta de casos menor que otros estados, los indicadores poblacionales y los testimonios de las familias revelan una problemática que exige atención.
En México, desaparecer significa mucho más que dejar de estar presente. Para miles de familias representa una vida suspendida entre la esperanza y la incertidumbre, una búsqueda que puede prolongarse durante años y una relación con las instituciones marcada, en numerosos casos, por la exigencia de información, justicia y resultados.
La crisis de desapariciones dejó de ser un fenómeno asociado exclusivamente con determinadas regiones del país. Hoy se extiende por las 32 entidades federativas, con distintas intensidades, características y contextos de violencia.
Aguascalientes, tradicionalmente identificado por sus indicadores económicos e industriales y su relativa estabilidad en comparación con entidades vecinas, tampoco permanece al margen.
Los reportes de organizaciones civiles, los registros oficiales y las movilizaciones de familiares muestran que la desaparición de personas se ha convertido en un asunto de seguridad pública, derechos humanos y responsabilidad institucional que trasciende las estadísticas.
México: más de 133 mil ausencias sin resolver
Personas desaparecidas y no localizadas
133,788
Corte: 16 de agosto de 2026
Registros históricos de desaparición
406,362
Desde 1952, incluye localizados
Personas localizadas con vida
249,102
Personas localizadas sin vida
23,472
Fuente: Data Cívica, con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Data Cívica
La dimensión del problema queda reflejada en el análisis publicado por Data Cívica en 2026. Al 16 de agosto, México acumulaba 406 mil 362 registros históricos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde 1952. De ellas, 133 mil 788 continuaban sin ser localizadas.
La distinción resulta fundamental: no todas las personas registradas históricamente continúan desaparecidas, pero más de una tercera parte del universo registrado permanecía sin localizar al corte analizado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en mayo de 2026 que México enfrenta una grave crisis de derechos humanos relacionada con las desapariciones. Su informe también destacó los desafíos de identificación forense y emitió 40 recomendaciones para fortalecer la prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.
Detrás de estas cifras existe otra problemática: la identificación de personas fallecidas. La CIDH recogió estimaciones independientes de más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar, con información disponible hasta junio de 2025.
La crisis, por tanto, no se limita a encontrar personas con vida. También comprende la obligación de identificar restos humanos, esclarecer las circunstancias de las muertes y garantizar a las familias el derecho a conocer lo ocurrido.
Aguascalientes: pocos casos absolutos, pero una tasa preocupante
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis nacional de Data Cívica coloca a Aguascalientes entre las cinco entidades con mayores tasas de registros de desaparición en relación con su población durante el periodo de 2006 al primer semestre de 2026, junto con Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas y Colima.
El dato contrasta con las mediciones que únicamente consideran el número absoluto de personas que continúan desaparecidas, en las cuales Aguascalientes figura entre las entidades con menores acumulados.
No existe contradicción necesariamente: las mediciones consideran universos distintos. La tasa de registros históricos por población permite dimensionar la incidencia relativa, mientras que el acumulado de personas aún desaparecidas refleja los casos pendientes de localización.
Data Cívica también identificó a Aguascalientes entre los estados donde las localizaciones con vida han superado durante varios años a los casos que permanecen sin resolver. Esto no elimina la preocupación por las desapariciones recientes ni por las investigaciones pendientes.
Perfil de las desapariciones pendientes en Aguascalientes
Los rangos se superponen y no deben sumarse. IMDHD
El informe estatal de Red Lupa, actualizado al 16 de mayo de 2026, identifica que 51.4% de las personas desaparecidas y no localizadas en Aguascalientes se encontraba en el rango de 15 a 34 años.
Además, documentó 68 personas que eran menores de edad al momento de su desaparición, de las cuales 51.47% eran niñas.
La presencia de adolescentes y adultos jóvenes entre las personas que permanecen desaparecidas obliga a examinar factores de riesgo como la captación mediante falsas ofertas laborales, las redes de explotación, la violencia criminal y las circunstancias particulares de cada desaparición, sin asumir que todos los casos responden a una misma causa.
Los municipios donde se concentra la preocupación
La capital del estado concentra el mayor número absoluto de personas desaparecidas y no localizadas dentro de Aguascalientes.
Red Lupa registró 284 casos en el municipio de Aguascalientes al 16 de mayo de 2026, frente a los 278 reportados en su comparación anterior.
El organismo también identificó incrementos en Rincón de Romos y San Francisco de los Romo. IMDHD
Pero el fenómeno no se reduce a la capital.
En agosto, durante una movilización en la Plaza de la Patria, integrantes del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia señalaron un incremento de desapariciones en municipios del norte, particularmente Rincón de Romos, Asientos y San Francisco de los Romo.
Gloria Montoya Hernández, vocera del colectivo, advirtió sobre casos que involucran principalmente a jóvenes, aunque también a mujeres y adolescentes. Entre las modalidades de riesgo mencionó ofertas de empleo aparentemente atractivas que podrían utilizarse para captar víctimas.
Se trata de señalamientos de familiares y organizaciones que requieren investigación específica para determinar responsabilidades y mecanismos delictivos. Noticias Locales y Policiacas Hoy
El contexto territorial añade una dimensión relevante. Aguascalientes mantiene vínculos económicos, carreteros y sociales con Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, por lo que las estrategias de búsqueda no pueden depender exclusivamente de los límites administrativos de una entidad.
Una persona puede desaparecer en un estado y existir indicios de su paradero en otro. De ahí la importancia de compartir información, coordinar fiscalías y evitar que las diferencias jurisdiccionales retrasen las investigaciones.
Las familias que se convierten en investigadoras
La desaparición de un familiar transforma la vida cotidiana. Los hogares deben enfrentar gastos de traslado, trámites administrativos, solicitudes de información, jornadas de búsqueda y un desgaste emocional prolongado.
En Aguascalientes, los colectivos han denunciado que parte de esas responsabilidades termina trasladándose a las propias familias.
Durante la movilización del 30 de agosto de 2026, integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia denunciaron dificultades para realizar búsquedas, retrasos relacionados con perfiles genéticos y deficiencias en la atención institucional.
Mariana Ávila Montejano, representante del Observatorio, demandó mayor coordinación entre autoridades, protección para las buscadoras y mecanismos que eviten la revictimización de quienes denuncian una desaparición.
Estas denuncias no equivalen por sí mismas a una determinación judicial sobre responsabilidades de funcionarios, pero constituyen señalamientos públicos que ameritan respuestas documentadas de las instituciones correspondientes. Noticias Locales y Policiacas Hoy
La búsqueda también ha generado redes de solidaridad que cruzan fronteras estatales.
En septiembre de 2026, familiares procedentes de Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México participaron en acciones de búsqueda en Aguascalientes.
Uno de los puntos intervenidos fue San José de la Ordeña, donde, según reportes periodísticos, se realizaron diligencias en un sitio asociado con antecedentes o sospechas de actividades ilícitas.
En esas jornadas participaron colectivos y autoridades federales y estatales. El reporte periodístico indicó que no se registraron hallazgos durante las acciones descritas.
El episodio ilustra una realidad nacional: para muchas familias, la búsqueda ya no termina en el lugar donde ocurrió la desaparición.
La crisis forense: encontrar también significa identificar
Otro frente del problema se encuentra en los servicios periciales.
En septiembre de 2026, el colectivo Caso Maverick difundió información sobre personas fallecidas cuyos cuerpos permanecían bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
De acuerdo con la información atribuida al colectivo y publicada por medios locales, se identificó una relación de 25 personas localizadas sin vida entre mayo de 2023 y junio de 2026, además de 20 cuerpos que permanecían sin identificar.
La organización solicitó a familiares actualizar sus perfiles genéticos para facilitar los procesos de identificación. Las cifras corresponden al reporte difundido por el colectivo y no constituyen una auditoría forense independiente.
Este problema plantea interrogantes sobre la capacidad de los servicios periciales, los tiempos de procesamiento de muestras genéticas, el intercambio de información entre instituciones y la trazabilidad de los expedientes.
La identificación humana requiere procedimientos científicos, personal especializado, bases de datos confiables y mecanismos de comunicación permanentes con las familias.
Sin estos elementos, incluso la recuperación de un cuerpo puede no traducirse de inmediato en una respuesta para quienes lo buscan.
El Estado ante su obligación de buscar
La legislación mexicana distingue entre desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y situaciones de personas no localizadas. La desaparición forzada implica, entre otros elementos, la participación de agentes estatales o de particulares que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Por ello, no es jurídicamente correcto clasificar automáticamente todas las desapariciones como desapariciones forzadas ni atribuirlas, sin investigación, a organizaciones criminales.
Sin embargo, independientemente de la hipótesis inicial, las autoridades tienen obligaciones de búsqueda y, cuando corresponde, de investigación penal.
En Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado cuenta con una Fiscalía Especializada en Desaparición y No Localización de Personas, cuya función incluye realizar investigaciones y coordinar acciones con autoridades de los tres órdenes de gobierno y otras instituciones. Fiscalía Aguascalientes
El desafío consiste en evaluar los resultados de esas acciones: cuántos reportes se reciben, con qué rapidez se activan las búsquedas, cuántas personas son localizadas, qué investigaciones avanzan y cuántos casos llegan a una resolución judicial.
La transparencia estadística también es indispensable. Data Cívica ha advertido que las modificaciones del registro nacional no siempre pueden rastrearse individualmente con la información pública disponible, lo que dificulta identificar si las variaciones obedecen a localizaciones, correcciones, reclasificaciones u otros cambios administrativos.
Una política pública eficaz requiere indicadores verificables y comparables, no únicamente cifras agregadas.
Más allá de las estadísticas: cinco desafíos para Aguascalientes
La información disponible permite identificar cinco ámbitos que merecen atención pública: la activación inmediata de las búsquedas, la coordinación con entidades vecinas, el fortalecimiento de las capacidades forenses, la protección de las familias buscadoras y la publicación periódica de resultados verificables.
También resulta necesario analizar las condiciones de vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes, particularmente ante posibles mecanismos de captación mediante engaños laborales, sin estigmatizar a las víctimas ni prejuzgar las causas de cada desaparición.
La evaluación de las instituciones debe considerar tanto las localizaciones exitosas como los expedientes pendientes, la calidad de las investigaciones y la atención ofrecida a las familias.
Para Aguascalientes, la cuestión central no es únicamente cuántas personas desaparecen, sino qué ocurre después de que se presenta un reporte y cuáles son las capacidades reales del Estado para encontrarlas.
Una ausencia que interpela a toda la sociedad
México enfrenta una crisis cuya dimensión se mide en cientos de miles de registros históricos, pero cuyo impacto cotidiano se expresa en hogares que esperan una llamada, fotografías que circulan en redes sociales y familias que continúan buscando durante años.
En Aguascalientes, los indicadores nacionales, las denuncias de colectivos y los casos documentados muestran que el fenómeno requiere seguimiento permanente.
Las localizaciones con vida son un dato relevante que debe reconocerse. También lo son las personas que siguen sin aparecer, las dificultades denunciadas por sus familias y los desafíos pendientes en materia de identificación forense.
La desaparición de una persona no puede reducirse a una estadística de seguridad pública. Implica derechos que deben garantizarse: ser buscada, ser identificada, acceder a la verdad y obtener justicia cuando se haya cometido un delito.
Mientras una familia continúe sin saber dónde está su ser querido, la desaparición seguirá siendo una pregunta abierta para las instituciones y para la sociedad.
Porque detrás de cada expediente hay una historia interrumpida. Y detrás de cada fotografía de búsqueda, alguien que todavía espera una respuesta.
Fuentes documentales y periodísticas
- Data Cívica — A quienes nos faltan, edición 2026
- Red Lupa — Informe estatal de Aguascalientes, mayo de 2026
- CIDH — Informe Desapariciones en México, mayo de 2026
- Comisión Nacional de Búsqueda — Consulta pública del RNPDNO
Nota editorial: las cifras corresponden a los cortes expresamente señalados, no a un conteo actualizado al 28 de octubre. Este reportaje se elaboró mediante investigación documental y contraste de fuentes públicas; no incluye entrevistas originales realizadas para esta publicación.
About the Author
