- Kendor Macías, dirigente estatal del tricolor, enfrenta una nueva denuncia pública por el incumplimiento de un convenio de indemnización laboral.
- En la sede del Partido Revolucionario Institucional aparecieron carteles con una exigencia elemental: “PAGA”.
Hay deudas que se pueden esconder en los balances, compromisos que se pueden aplazar con una llamada y problemas que los dirigentes políticos preferirían mantener lejos de la mirada pública. Pero hay una deuda que terminó pegada en las paredes del Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, convertida en un mensaje de una sola palabra: PAGA.
El destinatario es Kendor Macías, dirigente estatal del partido, a quien Alex Macías, exempleado priista, señala por incumplir el convenio establecido para cubrir la indemnización que reclama tras un despido injustificado. De acuerdo con la denuncia pública, el trabajador obtuvo un laudo favorable después de varios años de litigio y, en mayo de 2026, acudió con su abogado y actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir el cumplimiento de la resolución.
Según el relato de Alex Macías, en esa intervención se acordó cubrir la deuda mediante 12 mensualidades, con vencimiento el día 18 de cada mes. El problema, sostiene, es que la quinta mensualidad, correspondiente a octubre, no fue pagada.
El argumento que habría recibido para justificar el retraso es que las cuentas del partido estaban congeladas por presuntos adeudos ante el Gobierno del Estado, el Infonavit y el IMSS. Se trata de una explicación que, por ahora, debe mantenerse en el terreno de lo denunciado y cuya verificación corresponde a las autoridades competentes. Pero incluso si la situación financiera del PRI fuera tan complicada como se afirma, la pregunta permanece: ¿por qué un trabajador tendría que cargar con las consecuencias de los problemas administrativos y económicos de la organización que lo contrató?
La responsabilidad de una dirigencia no consiste únicamente en administrar los recursos disponibles, organizar conferencias de prensa, repartir declaraciones o preparar el siguiente proceso electoral. También implica responder por los compromisos adquiridos, particularmente cuando existe un conflicto laboral que ha llegado a las instancias legales y que, según el denunciante, derivó en un convenio de pago.
Si el acuerdo fue firmado en los términos que refiere el extrabajador, el vencimiento de una mensualidad no es un detalle menor que pueda resolverse con una explicación informal. Es un compromiso cuyo cumplimiento puede exigirse por las vías correspondientes. La diferencia entre solicitar una prórroga y cumplir con lo pactado no necesita demasiadas explicaciones: una cosa es pedir tiempo y otra contar con la aceptación de la contraparte o con una determinación de la autoridad que modifique las condiciones acordadas.
Alex Macías anunció que acudirá nuevamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar que se determinen las acciones procedentes, incluida la ejecución del convenio. También rechazó las versiones que, asegura, pretenden responsabilizarlo de la situación financiera del partido y manifestó preocupación por los reclamos y presuntas amenazas que dice haber recibido de algunos militantes. Sobre estos últimos señalamientos, corresponde investigar y determinar responsabilidades; no deben convertirse en una condena anticipada, pero tampoco ignorarse.
La aparición de los carteles en la sede priista lleva el conflicto a otro terreno. La exigencia ya no circula solamente en una denuncia: está expuesta en el edificio de la organización que encabeza Macías. El mensaje no necesita demasiada elaboración retórica porque remite a una obligación concreta, pagar lo que se debe.
Este es un verdadero problema político para el PRI. La dirigencia busca recuperar credibilidad, presentarse como alternativa y convencer a los ciudadanos de que todavía tiene algo que ofrecer, no puede tratar los conflictos laborales como si fueran asuntos ajenos a su responsabilidad. La congruencia no se demuestra con discursos sobre la legalidad, la justicia o la defensa de los trabajadores, sino en la manera en que una organización responde cuando es ella la señalada por incumplir un compromiso.
Tampoco basta con invocar la falta de recursos. Si las cuentas están congeladas, si existen adeudos con instituciones públicas o si el partido atraviesa una crisis financiera, la dirigencia tendría que explicar con claridad la situación, informar qué obligaciones están pendientes y precisar cómo piensa resolverlas. La opacidad alimenta las sospechas; el silencio convierte un problema administrativo en un problema de confianza.
Kendor Macías tiene la oportunidad de aclarar públicamente los hechos, presentar su versión y explicar por qué no se cubrió la mensualidad denunciada. El mismo derecho que tiene Alex Macías a recurrir a las instancias laborales para exigir que se respete el acuerdo, si así lo determina la autoridad.
La discusión no debería reducirse a una disputa entre un dirigente y un extrabajador. Lo que está en juego es una cuestión elemental de responsabilidad: qué tan dispuesto está un partido a cumplir sus obligaciones cuando hacerlo deja de ser conveniente.
El PRI de Aguascalientes tiene problemas políticos que resolver, pero antes de hablar de alianzas, candidaturas y recuperación electoral quizá deba atender lo que tiene pegado en sus propias paredes. Porque hay consignas que se diseñan para una campaña y otras que aparecen cuando alguien lleva demasiado tiempo esperando que le cumplan.
PAGA. Una palabra, una deuda denunciada y una pregunta para Kendor Macías: ¿con qué autoridad moral puede una dirigencia exigirles cuentas a los demás si primero no explica las suyas?
About the Author
