La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que existe una alerta roja emitida por Interpol contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve ex funcionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su conferencia, la Mandataria explicó que la ficha roja deriva de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Nueva York y promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, instancia que solicitó la detención con fines de extradición de los acusados por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas por parte de la Interpol. Si ellos llegaran a salir de México, otros países podrían detenerlos”, declaró Sheinbaum.
La Presidenta también precisó que el Gobierno federal no mantiene vigilancia especial sobre las ocho personas que aún permanecen en México y que no se han entregado a las autoridades estadounidenses, al considerar que no existe obligación legal para hacerlo.
“La Fiscalía abrió una investigación y ellos desarrollarán su trabajo, pero no hay nada legal que nos obligue a tener una vigilancia particular sobre las otras personas”, sostuvo.
El caso tomó fuerza desde abril pasado, cuando el Departamento de Justicia estadounidense solicitó formalmente al Gobierno mexicano la captura de diez funcionarios y ex funcionarios presuntamente relacionados con estructuras de protección política y financiera del narcotráfico en Sinaloa.
Entre los implicados figuran Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, quienes ya se entregaron la semana pasada en territorio estadounidense.
La confirmación de las fichas rojas coloca nuevamente bajo presión la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, particularmente por las investigaciones contra presuntas redes de protección política vinculadas al Cártel de Sinaloa.
