Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- La empresa Territorium Life, SAPI de C.V., responsable de la plataforma utilizada para el primer examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantiene una amplia cartera de contratos con instituciones públicas federales y universidades del país, situación que ha cobrado relevancia después de que la máxima casa de estudios iniciara una revisión del proceso de selección 2026 por irregularidades detectadas en los resultados.
La revisión emprendida por la Universidad no sólo se concentra en el desempeño del sistema tecnológico utilizado durante la evaluación, sino que también ha colocado bajo la atención pública a la empresa encargada de desarrollar y operar la plataforma digital que permitió aplicar el examen a más de 158 mil aspirantes.
Una empresa con presencia en instituciones públicas
De acuerdo con información obtenida de registros públicos de contratación, Territorium ha celebrado acuerdos con diversas dependencias e instituciones del Estado mexicano para proporcionar plataformas de evaluación, sistemas de supervisión remota y herramientas digitales para procesos académicos y de selección.
Entre sus clientes se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE), el entonces Consejo de la Judicatura Federal —actualmente sustituido por el Órgano de Administración Judicial—, organismos electorales locales y diversas universidades públicas del país.
Los contratos abarcan desde plataformas para concursos de oposición hasta servicios de evaluación académica y supervisión de exámenes en línea.
El contrato con la UNAM
Para el proceso de admisión 2026, la UNAM adjudicó a Territorium el servicio de operación de la plataforma tecnológica del examen virtual.
La documentación pública establece un contrato con un monto mínimo y un techo máximo de pago, condicionado a los servicios efectivamente prestados durante la vigencia del acuerdo. La contratación incluyó herramientas de autenticación de identidad, monitoreo remoto, inteligencia artificial para la supervisión de aspirantes y mecanismos destinados a proteger los reactivos del examen.
El proyecto representó la primera ocasión en que la Universidad aplicó de forma totalmente digital el examen de ingreso a licenciatura.
Investigación técnica en curso
La polémica surgió después de que la UNAM detectara resultados considerados atípicos en algunas carreras y decidiera revisar integralmente el procedimiento de evaluación antes de concluir el proceso de admisión.
Hasta ahora, la Universidad no ha informado que las anomalías sean consecuencia directa de fallas atribuibles a Territorium. Tampoco ha determinado la cancelación definitiva del contrato ni ha impuesto sanciones administrativas a la empresa.
De manera paralela, especialistas y organizaciones académicas han solicitado que la investigación permita establecer si las inconsistencias obedecieron a vulnerabilidades tecnológicas, al uso indebido de herramientas de inteligencia artificial por parte de aspirantes, a posibles filtraciones de reactivos o a una combinación de distintos factores.
Posibles consecuencias
Diversos reportes señalan que el contrato contempla penalizaciones económicas si se acredita un incumplimiento de las obligaciones pactadas; sin embargo, la aplicación de cualquier sanción dependerá de las conclusiones que emita la UNAM una vez concluida la revisión técnica.
Mientras tanto, miles de aspirantes permanecen a la espera de que la institución determine si los resultados serán ratificados, corregidos o si será necesario adoptar medidas extraordinarias para garantizar la certeza del proceso.
Lo confirmado
- Territorium fue contratada para operar la plataforma del examen de admisión 2026 de la UNAM.
- La empresa ha celebrado contratos con organismos públicos federales, electorales y universidades.
- La UNAM mantiene una investigación técnica sobre las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión.
Lo que sigue sin resolverse
Hasta el momento no existe una resolución oficial que determine que Territorium incumplió sus obligaciones contractuales ni que la empresa sea responsable de las anomalías observadas en el examen. La eventual imposición de sanciones o la adopción de medidas sobre el proceso de admisión dependerán del informe final que emita la Universidad.
