Aguascalientes, Ags., 3 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la imputación contra cinco exfuncionarios del Ayuntamiento de Aguascalientes por su presunta participación en la contratación del proyecto energético de Next Energy, considerado uno de los casos de presuntas irregularidades financieras más relevantes en la historia reciente del estado. La investigación federal sostiene que el esquema contractual comprometió recursos públicos por miles de millones de pesos para un parque fotovoltaico que nunca entró en operación.
Los exservidores públicos imputados ocuparon posiciones estratégicas durante la administración municipal 2017-2021, encabezada por la entonces alcaldesa y hoy gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Entre ellos se encuentran quienes fungieron como secretario del Ayuntamiento, secretario de Finanzas, secretaria de Administración, secretario de Servicios Públicos y síndico procurador. Uno de ellos, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, actualmente se desempeña como magistrado y ha promovido recursos legales argumentando la protección del fuero constitucional.
El origen del caso
El contrato fue firmado en marzo de 2019 bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP). La propuesta contemplaba la construcción de un parque solar para abastecer de energía eléctrica al municipio y comercializar el excedente de producción.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación federal, el proyecto nunca se materializó en los términos pactados, mientras que el municipio quedó comprometido con obligaciones financieras de largo plazo respaldadas parcialmente con participaciones federales. Ese elemento es precisamente el que dio competencia a la FGR para investigar posibles delitos relacionados con el uso de recursos federales.
Las investigaciones señalan que el compromiso financiero real del contrato superaba ampliamente el monto inicialmente difundido y podía representar obligaciones por varios miles de millones de pesos durante un periodo de hasta 30 años.
¿Por qué la gobernadora no aparece imputada?
Aunque la firma de Teresa Jiménez figura en el contrato original, la Fiscalía no la incluyó en esta primera imputación.
De acuerdo con información publicada por El País, fuentes federales indicaron que los fiscales consideran que la investigación continúa abierta, pero optaron inicialmente por dirigir la acción penal contra los funcionarios responsables de la autorización administrativa y financiera del proyecto, evitando que el proceso pudiera interpretarse como una persecución política contra una gobernadora de oposición.
Hasta el momento no existe imputación penal en contra de la mandataria estatal.
Un caso con dos investigaciones
Mientras la FGR desarrolla la investigación por el posible uso indebido de recursos federales, la Fiscalía General del Estado mantiene un procedimiento distinto contra el empresario Eugenio Maíz Domene, propietario de Next Energy, quien enfrenta acusaciones locales por presuntos delitos como fraude, peculado y cohecho relacionados con el mismo proyecto.
La coexistencia de ambas investigaciones refleja la complejidad jurídica del caso, ya que involucra tanto recursos federales como decisiones administrativas de autoridades estatales y municipales.
Reacciones políticas
La reactivación del expediente ha generado nuevas confrontaciones políticas en Aguascalientes.
Morena sostuvo que la actuación de la FGR demuestra que el asunto continúa vigente y pidió que las investigaciones alcancen a todos los responsables, mientras que legisladores del PAN han solicitado respetar el debido proceso y evitar la politización del caso antes de que existan resoluciones judiciales.
Lo que sigue
La etapa actual corresponde a la formulación de imputaciones. Posteriormente, el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los exfuncionarios señalados y definir las medidas cautelares correspondientes.
La resolución de esta fase será determinante para establecer si la investigación avanza hacia un juicio penal o si alguno de los imputados logra desvirtuar las acusaciones presentadas por la Fiscalía.
El caso Next Energy se ha convertido en uno de los expedientes de mayor impacto político y jurídico para Aguascalientes. Más allá de las responsabilidades individuales que determinen los tribunales, el proceso abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de contratación pública, el uso de asociaciones público-privadas y la supervisión del manejo de recursos federales destinados a proyectos de infraestructura energética.
