Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta señalamientos por un presunto esquema de cobros irregulares a trabajadores, quienes habrían sido obligados a entregar parte de sus salarios para conservar sus puestos. Las acusaciones también involucran al diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien rechazó cualquier participación en esas prácticas.
De acuerdo con una investigación de la periodista Aurora Zepeda, publicada por Excélsior, exempleados del organismo denunciaron que las cuotas eran exigidas desde el momento de su contratación y que los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias o entregas de dinero en efectivo.
Los testimonios describen un mecanismo mediante el cual determinados funcionarios presuntamente condicionaban la permanencia laboral al pago periódico de cantidades previamente establecidas.
Según la investigación, algunos subdirectores, con ingresos aproximados de 73 mil pesos netos mensuales, debían entregar hasta 15 mil pesos, equivalentes a más del 20 por ciento de sus percepciones. En el caso de las jefaturas de departamento, las aportaciones habrían superado los 7 mil pesos mensuales.
Los denunciantes aseguraron que los depósitos se efectuaban a una cuenta bancaria cuya beneficiaria sería una funcionaria del Gobierno de Veracruz. Excélsior informó que tuvo acceso a estados de cuenta relacionados con esos movimientos, aunque su publicación no constituye por sí misma una determinación oficial sobre la existencia de delitos o responsabilidades administrativas.
Señalan presunto reparto político de plazas
Las acusaciones también alcanzan la estructura administrativa del organismo encargado de fiscalizar el funcionamiento interno del INE.
Los extrabajadores sostuvieron que, después del nombramiento de Víctor Hugo Carvente como titular del OIC, diversas posiciones habrían sido distribuidas entre personas vinculadas con Morena y el Partido Verde Ecologista de México.
En particular, señalaron una supuesta influencia de Sergio Gutiérrez Luna en la asignación de puestos, situación que plantea interrogantes sobre la independencia del órgano responsable de investigar posibles irregularidades administrativas dentro de la autoridad electoral.
Los testimonios también incluyen denuncias de presuntas prácticas de hostigamiento laboral, revisiones de teléfonos celulares y vigilancia excesiva sobre las actividades de algunos empleados.
Gutiérrez Luna rechaza acusaciones
Tras la publicación de los señalamientos, el legislador morenista negó tener participación en un esquema de cobro de cuotas o controlar plazas dentro del organismo fiscalizador.
Gutiérrez Luna aseguró que no mantiene vínculos personales con Víctor Hugo Carvente y sostuvo que el nombramiento del contralor fue resultado de un procedimiento desarrollado por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.
Asimismo, rechazó tener personas cercanas dentro del Gobierno de Veracruz relacionadas con los supuestos depósitos bancarios.
El diputado calificó las acusaciones como parte de una campaña política en su contra y consideró que, si existieron cobros indebidos, corresponde a las autoridades competentes investigarlos y a las personas afectadas presentar las denuncias respectivas.
Bajo cuestionamiento, el organismo que debe investigar al INE
La controversia surge mientras el propio Órgano Interno de Control mantiene investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y contrataciones realizadas durante la gestión de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con los reportes periodísticos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha enviado personal para revisar actividades del órgano fiscalizador, en un contexto de cuestionamientos sobre sus procedimientos y autonomía.
Esta situación coloca bajo escrutinio a la instancia responsable de vigilar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones administrativas dentro del instituto electoral.
El caso adquiere relevancia institucional ante el proceso electoral de 2027, debido a la necesidad de garantizar que los mecanismos de fiscalización y control operen sin interferencias partidistas.
Hasta el momento, los señalamientos difundidos constituyen denuncias periodísticas y no acreditan por sí mismos la responsabilidad de los funcionarios mencionados. Será necesario determinar si existen denuncias formales, identificar el origen y destino de los recursos señalados y establecer, mediante las investigaciones correspondientes, si se cometieron irregularidades.
La controversia abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la transparencia administrativa y la independencia de los órganos encargados de vigilar al Instituto Nacional Electoral.
Fuentes: Investigación de Aurora Zepeda, Excélsior, 30 de octubre de 2026; El Financiero y Diario del Istmo, 30 de octubre de 2026.
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