Almoloya de Juárez, Estado de México, 6 de agosto de 2026.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado este jueves al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, luego de ser detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La FGR informó que el exmandatario enfrenta acusaciones por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, al considerar que habría ordenado ocultar y destruir material videográfico considerado clave para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones federales, las grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala habrían captado el paso de los autobuses en los que viajaban los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Sin embargo, durante años se sostuvo que ese material no existía debido a supuestas fallas técnicas, versión que fue cuestionada por nuevas declaraciones de testigos protegidos y por investigaciones posteriores.
La captura de Aguirre Rivero representa uno de los movimientos de mayor relevancia en la nueva etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, considerado uno de los expedientes de violaciones graves a los derechos humanos más importantes en la historia reciente de México. La indagatoria ha derivado en procesos penales contra exfuncionarios, policías, militares y presuntos integrantes del crimen organizado por su posible responsabilidad en los hechos o por el presunto encubrimiento de evidencias.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso permanece sin resolverse plenamente. Las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el destino de los estudiantes y esclarecer la participación de servidores públicos y organizaciones criminales involucradas en los acontecimientos de septiembre de 2014.
