Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- Una investigación periodística de Yohali Reséndiz, publicada en Opinión 51, reveló presuntas extorsiones millonarias, presiones para favorecer a proveedores electorales e intervenciones en nombramientos estratégicos dentro del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en una trama que involucra señalamientos contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el consejero Jorge Montaño Ventura.
La publicación, que forma parte de la investigación denominada Picacho 259, sostiene que integrantes del organismo electoral michoacano habrían enfrentado exigencias económicas para evitar su destitución, mientras operadores presuntamente vinculados con funcionarios del INE buscaban influir en decisiones administrativas y contrataciones públicas.
Un millón de pesos para retirar una denuncia
De acuerdo con la investigación, el conflicto comenzó después de que cinco integrantes del Consejo General del IEM fueron denunciados por aprobar el nombramiento provisional de una persona encargada del Órgano Interno de Control, una atribución que, según la resolución del INE, correspondía al Congreso de Michoacán.
La periodista señala que el ciudadano que presentó la denuncia habría exigido un millón de pesos para retirarla.
Posteriormente, Ricardo Alberto Cuevas Díaz, identificado en la publicación como colaborador de la presidencia del INE, presuntamente solicitó 500 mil pesos a los funcionarios denunciados, equivalentes a 100 mil pesos por cada uno.
A estas exigencias se habría sumado Omero Valdovinos Mercado, exmagistrado electoral de Michoacán y señalado como colaborador del consejero Jorge Montaño Ventura, quien presuntamente pidió pagos mensuales de 60 mil pesos a cambio de detener el procedimiento de remoción hasta después del proceso electoral de 2027.
Según los testimonios recogidos por Reséndiz, ninguno de los funcionarios aceptó entregar los recursos solicitados.
Destituciones y disputa por el control electoral
El 19 de junio de 2026, el Consejo General del INE aprobó la remoción de Ignacio Hurtado Gómez, entonces presidente del IEM, así como de Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza.
Otra integrante del organismo, Silvia Verónica Mauricio Salazar, había presentado previamente su renuncia.
Las destituciones fueron confirmadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el expediente SUP-RAP-162/2026 y sus acumulados.
La resolución tuvo como fundamento la invasión de atribuciones del Congreso estatal en el nombramiento provisional del responsable del Órgano Interno de Control.
Sin embargo, la investigación periodística plantea la posibilidad de que, detrás del procedimiento institucional, existieran intereses relacionados con el control administrativo del organismo electoral y la asignación de contratos.
Es importante distinguir que las remociones constituyen decisiones institucionales, mientras que las presuntas extorsiones y motivaciones económicas corresponden a señalamientos periodísticos que requieren esclarecimiento por las autoridades competentes.
Proveedores habrían utilizado el nombre de Guadalupe Taddei
Otro de los aspectos relevantes de la investigación involucra la contratación de materiales y documentación para la elección judicial.
Según los testimonios publicados, diversos proveedores acudieron al IEM y afirmaron presentarse en representación o por recomendación de Guadalupe Taddei, entonces presidenta del INE.
El presidente del organismo michoacano, Ignacio Hurtado Gómez, habría rechazado recibirlos, una decisión que, de acuerdo con las fuentes de la periodista, provocó el presunto malestar de Taddei.
La investigación también señala que Talleres Gráficos de México informó que no contaba con capacidad suficiente para imprimir las boletas electorales requeridas, por lo que la contratación terminó realizándose con una empresa identificada como Gráficas Corona.
Reséndiz sostiene que, después de las destituciones, se concretaron adquisiciones con proveedores que habían sido recomendados previamente.
Estos señalamientos abren interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la posible intervención de funcionarios ajenos a los procedimientos administrativos y la transparencia en el ejercicio de recursos públicos destinados a la organización electoral.
Señalan influencia de Jorge Montaño en nombramientos
La publicación también atribuye al consejero electoral Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, una presunta intervención en decisiones relacionadas con la integración y funcionamiento administrativo del IEM.
Tras las remociones, Luis Arturo Sánchez Gómez fue designado encargado de la Dirección de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, mientras Mario Eduardo Uribe López asumió la Coordinación Normativa Administrativa.
La investigación destaca antecedentes profesionales de ambos funcionarios en Tabasco y señala que Uribe López trabajó anteriormente en la ponencia de Montaño Ventura cuando este se desempeñaba como magistrado electoral.
Asimismo, refiere cuestionamientos sobre la designación de Selene Lizbeth González Medina como presidenta provisional del IEM, cargo que asumió a partir del 25 de junio de 2026.
La periodista plantea que estos movimientos podrían formar parte de una disputa por el control de áreas responsables de administrar recursos, establecer procedimientos internos y participar en decisiones de contratación.
Bajo cuestionamiento, la autonomía de los organismos electorales
Los señalamientos adquieren especial relevancia ante el proceso electoral local de Michoacán, iniciado formalmente el 11 de septiembre de 2026, después de la reconfiguración del Consejo General del organismo.
Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente pudieran acreditarse, la investigación coloca en el debate público la autonomía de los organismos públicos locales electorales y los mecanismos de supervisión sobre quienes intervienen en la designación de sus integrantes.
También plantea la necesidad de esclarecer si existieron presiones económicas, conflictos de interés o intervenciones indebidas en contrataciones relacionadas con la organización de elecciones.
Hasta la información consultada para esta nota, las acusaciones económicas expuestas por Reséndiz no constituyen hechos judicialmente acreditados y no se cuenta con una respuesta documentada de todas las personas señaladas.
La investigación de Opinión 51 incorpora así a Michoacán dentro de una serie de publicaciones sobre presuntas redes de influencia política, administrativa y empresarial alrededor de autoridades electorales.
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