Ciudad de México, 4 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una modificación fiscal para seguir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de los combustibles a lo largo de la cadena comercial, una medida dirigida a cerrar espacios utilizados para introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones aduaneras irregulares.
La Presidenta adelantó que la propuesta formará parte de las medidas vinculadas con el Paquete Económico 2027, que deberá entregarse al Congreso el 8 de septiembre y será presentado públicamente por el Ejecutivo un día después. La fecha fue confirmada esta semana por la propia mandataria.
El objetivo consiste en hacer trazable el IEPS aplicable a combustibles para que las autoridades puedan seguir fiscalmente el producto desde su ingreso o producción hasta su comercialización. La medida busca atacar una de las modalidades asociadas con el llamado huachicol fiscal: la evasión tributaria mediante clasificación o documentación irregular de hidrocarburos.
El problema tiene una dimensión distinta al robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas. En el huachicol fiscal, el beneficio económico proviene fundamentalmente de evadir impuestos o introducir combustible mediante irregularidades comerciales y aduaneras.
La propuesta de trazabilidad deberá explicar qué obligaciones recaerán sobre importadores, transportistas, almacenistas y estaciones de servicio, así como qué sistemas utilizarán SAT, Aduanas y las autoridades energéticas para cruzar información.
También será necesario conocer su costo regulatorio. Un sistema eficiente podría aumentar la capacidad del Estado para detectar inconsistencias sin obstaculizar operaciones legales; uno excesivamente complejo podría incrementar cargas administrativas para empresas cumplidas.
Por ahora se trata de una medida anunciada, no de una reforma vigente. Los detalles jurídicos, tecnológicos y fiscales sólo podrán conocerse cuando Hacienda entregue el Paquete Económico y las iniciativas correspondientes al Congreso.
El lunes 8 y martes 9 de septiembre serán, por tanto, las fechas clave para determinar hasta dónde pretende llegar el Gobierno en el combate financiero al mercado ilegal de combustibles.
