Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, ha generado una intensa discusión nacional sobre el equilibrio que deben guardar los protocolos para atender denuncias de violencia sexual en instituciones educativas, el respeto a la presunción de inocencia y la necesidad de brindar acompañamiento tanto a las presuntas víctimas como a las personas investigadas.
El caso cobró notoriedad luego de que se difundiera un video grabado por el propio docente antes de su fallecimiento. En la grabación, Jasso Cruz negó categóricamente la acusación de presunto abuso sexual presentada por una estudiante y sostuvo que enfrentaba un proceso en el que, desde su perspectiva, no tendría garantías de una defensa justa. También afirmó que su decisión no debía interpretarse como una admisión de culpabilidad, sino como una protesta contra lo que consideraba deficiencias del sistema de justicia.
De acuerdo con su testimonio, la denuncia fue presentada el pasado 14 de julio ante la Dirección Jurídica del IEMS y posteriormente ante el Ministerio Público. El profesor aseguró que fue separado de sus funciones y que comenzó a enfrentar consecuencias personales, laborales y económicas antes de que existiera una resolución sobre el caso. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión expresada por el docente y, hasta el momento, no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.
Sindicato exige revisar los protocolos
Tras conocerse el fallecimiento, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) emitió un pronunciamiento en el que lamentó la muerte del docente y solicitó una revisión integral de los protocolos institucionales aplicables a denuncias por violencia sexual.
El organismo sindical sostuvo que proteger a las posibles víctimas y garantizar el acceso a la justicia no debe ser incompatible con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa de las personas denunciadas. Asimismo, pidió investigar la actuación de las autoridades administrativas que participaron en el procedimiento seguido contra el profesor para determinar si existieron omisiones o irregularidades.
Entre las demandas planteadas por el sindicato destacan:
- Garantizar investigaciones imparciales y con pleno respeto al debido proceso.
- Brindar asesoría jurídica y acompañamiento psicológico tanto a denunciantes como a personas investigadas.
- Revisar los procedimientos internos del IEMS para evitar posibles afectaciones irreparables durante las investigaciones.
- Establecer mecanismos de reparación del daño en caso de acreditarse actuaciones indebidas por parte de autoridades institucionales.
Sin postura oficial del IEMS ni de la Fiscalía
Hasta la tarde de este jueves, ni el Instituto de Educación Media Superior, ni la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habían emitido un posicionamiento público sobre las declaraciones realizadas por el profesor en el video ni sobre el estado procesal de la denuncia presentada en su contra. Tampoco se ha informado oficialmente si las afirmaciones contenidas en la grabación serán incorporadas a las investigaciones correspondientes.
Un debate que trasciende este caso
La muerte de Alberto Israel Jasso ha provocado reacciones entre docentes, juristas y organizaciones civiles, quienes coinciden en que el caso obliga a reflexionar sobre la necesidad de contar con protocolos que protejan eficazmente a las víctimas de violencia sexual, sin menoscabar los derechos fundamentales de las personas acusadas mientras no exista una resolución judicial.
Especialistas en derecho penal y derechos humanos han sostenido de manera reiterada que ambos principios son compatibles: investigar con perspectiva de género y diligencia reforzada no excluye la obligación constitucional de respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa. En México, estos principios están reconocidos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine la veracidad de la denuncia ni la responsabilidad penal del profesor, por lo que cualquier conclusión sobre los hechos permanece pendiente de las investigaciones de las autoridades competentes.
