Un funcionario estatal fue denunciado por la supuesta extracción y venta de equipos y refacciones propiedad del gobierno. El caso también involucra señalamientos de amenazas, hostigamiento laboral y posibles irregularidades en contratos de mantenimiento.
Aguascalientes, Ags., 22 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en Talleres Gráficos del Estado, donde un servidor público fue señalado por la supuesta sustracción y comercialización de maquinaria, materiales y refacciones pertenecientes al patrimonio gubernamental, con afectaciones económicas que, según estimaciones del denunciante, podrían alcanzar los siete millones de pesos.
De acuerdo con una investigación periodística publicada por BI Noticias, el expediente se originó en mayo de 2024, cuando un trabajador presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra José Luis “N”, identificado como jefe de departamento de Talleres Gráficos, por hechos posiblemente constitutivos del delito de ejercicio indebido del servicio público.
El denunciante aseguró haber detectado la desaparición de componentes de distintas máquinas de impresión, entre ellas equipos Roland Rekord y Roland 600, además de piezas correspondientes a sistemas de pegado y terminado.
Parte de estos equipos habría ingresado al patrimonio estatal mediante una donación realizada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Aunque inicialmente se estimó un posible daño patrimonial de dos millones de pesos, el trabajador sostiene que el valor de los materiales, suministros y refacciones presuntamente extraídos podría superar esa cantidad y llegar a siete millones de pesos. Hasta el momento, no se ha informado de un avalúo pericial definitivo que confirme dichas cifras.
Señalan posible venta de materiales a particulares
Según la denuncia, los materiales habrían sido retirados de las instalaciones gubernamentales para su posterior comercialización con un empresario relacionado con la industria de la impresión, identificado como Refugio “N”.
El trabajador aseguró contar con fotografías en las que presuntamente se observa al funcionario trasladando materiales de impresión hacia un vehículo particular.
Estas imágenes fueron entregadas al medio que dio a conocer el caso, aunque su existencia no constituye por sí misma una determinación judicial sobre la responsabilidad de los involucrados.
La investigación periodística también identificó posibles irregularidades relacionadas con servicios de mantenimiento contratados por la dependencia.
En particular, se documentó que durante 2024 la Secretaría de Administración del Estado adjudicó el contrato AD-05-24, por un millón 4 mil 676 pesos, para trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de una máquina de impresión Heidelberg Speedmaster.
La persona beneficiaria del contrato, identificada como María SanJuana “N”, tendría vínculos comerciales con la empresa de uno de los particulares mencionados en la denuncia, de acuerdo con la documentación revisada por BI Noticias.
No obstante, la existencia del contrato y de esas relaciones comerciales no acredita por sí sola la comisión de un delito.
Denunciante acusa amenazas y represalias laborales
El caso adquirió otra dimensión cuando el trabajador aseguró que, después de cuestionar la desaparición de materiales, recibió un ofrecimiento de dinero para guardar silencio y posteriormente fue objeto de amenazas de muerte.
También denunció presuntos actos de hostigamiento laboral y agresiones contra su domicilio, situaciones que motivaron la apertura de investigaciones adicionales.
De acuerdo con la información publicada, la Secretaría de Administración tenía conocimiento de al menos dos quejas relacionadas con el funcionario, presentadas por trabajadores que denunciaron posibles irregularidades y conductas de acoso.
Sin embargo, la dependencia determinó cambiar de adscripción a los denunciantes.
En el procedimiento relacionado con las amenazas se recurrió a un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediante el cual el funcionario señalado realizó un pago cercano a 25 mil pesos como medida de reparación.
Este acuerdo no implica una resolución sobre las acusaciones relacionadas con la presunta sustracción de bienes públicos.
Fiscalía mantiene abierta la investigación
A más de dos años de presentada la denuncia, la Fiscalía General del Estado confirmó a BI Noticias que la carpeta de investigación continúa activa y en proceso de integración.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene atribuciones para investigar conductas de servidores públicos que pudieran implicar aprovechamiento indebido de recursos, bienes o atribuciones del cargo, así como posibles afectaciones al patrimonio estatal.
Entre los aspectos pendientes de esclarecimiento se encuentran el destino de las refacciones y equipos señalados, la cuantificación del eventual daño patrimonial y la legalidad de las operaciones administrativas relacionadas con los servicios de mantenimiento.
La investigación periodística también señala que se buscó obtener la postura del funcionario involucrado y de representantes de la Secretaría de Administración, sin recibir respuesta al cierre de su publicación.
Hasta ahora, la información disponible no permite establecer que exista una sentencia condenatoria o una determinación judicial definitiva contra las personas mencionadas, por lo que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.
El caso mantiene bajo escrutinio la administración y los mecanismos de control del patrimonio público asignado a Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes, particularmente por el tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia y la falta de una resolución definitiva conocida.
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