Ensenada, Baja California, 20 de julio de 2026.- La familia Thompson rechazó cualquier vínculo con la presunta red de huachicol fiscal que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que los problemas legales que hoy enfrenta derivan de un presunto despojo de sus acciones en la empresa INGEMAR, por el cual responsabilizan al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y al empresario José Merino Valdez Cuervo.
En un posicionamiento público, Haru Thompson Navarro, hija del capitán Ricardo Thompson Ramírez y hermana de Ricardo Thompson Navarro —quien fue detenido por autoridades federales como parte de la investigación— sostuvo que ni su padre ni su hermano participaron en actividades relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.
Según la versión de la familia, el proyecto empresarial inició cuando Ricardo Thompson Ramírez buscó desarrollar una terminal marítima de combustibles y fue presentado por Ruffo Appel con José Merino Valdez Cuervo. Posteriormente se constituyó INGEMAR, empresa en la que, afirman, el exgobernador se incorporó como socio.
La familia sostiene que, años después, fueron excluidos de la sociedad mediante modificaciones corporativas realizadas sin su conocimiento, lo que redujo drásticamente su participación accionaria y los dejó fuera de las decisiones de la empresa.
En un comunicado adicional, el capitán Ricardo Thompson Ramírez aseguró que en 2021 se celebró una asamblea en la que, sin notificación a las empresas que representaba, su participación accionaria pasó de aproximadamente un tercio del capital a sólo 1.8 por ciento. Asimismo, afirmó que tanto él como su hijo fueron removidos del Consejo de Administración y dejaron de recibir información financiera y operativa de la compañía.
El empresario también señaló que posteriormente descubrió que INGEMAR obtuvo permisos para importar combustibles utilizando su nombre y el de su hijo como representantes legales, pese a que, asegura, ya no tenían control sobre la empresa. Añadió que fue entonces cuando comenzaron a aparecer investigaciones relacionadas con presunto huachicol fiscal, situación que —afirma— desencadenó las acciones penales en su contra.
La postura de la familia surge días después de que la FGR ejecutó órdenes de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro dentro de una investigación por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. De acuerdo con la autoridad federal, el caso está vinculado con una presunta red de contrabando de combustibles mediante operaciones realizadas a través de INGEMAR.
Hasta el momento, las acusaciones formuladas por la familia Thompson constituyen su versión de los hechos y forman parte de un procedimiento judicial en curso. Las autoridades federales no han emitido un pronunciamiento específico sobre los señalamientos dirigidos contra Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
