Ciudad de México, 10 de agosto de 2026.- Luis Antonio Espinosa Campos, contador relacionado empresarialmente con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, fue detenido este lunes en la Ciudad de México por su presunta participación en operaciones vinculadas con el desvío de recursos públicos en Campeche.
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la captura ocurrió alrededor de las 14:40 horas en las inmediaciones del despacho del contador, ubicado en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.
La información señala que Espinosa Campos fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y será trasladado a Campeche, donde deberá enfrentar las imputaciones formuladas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado.
El contador es investigado por el presunto delito de peculado dentro de un expediente relacionado con recursos públicos ejercidos durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche.
Uno de los principales puntos de la investigación se encuentra en Mayavisión, nombre comercial de Difusora de Comunicación del Sureste S.A. de C.V., empresa constituida en junio de 2016 por Espinosa Campos y Nancyri Aguirre Martínez.
Según la documentación revisada por MCCI, durante administraciones priistas en Campeche la empresa habría recibido alrededor de 97 millones de pesos en recursos públicos por servicios relacionados con comunicación y difusión gubernamental.
Las autoridades investigan la documentación que respalda dichos contratos y buscan determinar si todos los servicios pagados efectivamente fueron realizados.
En el caso específico de Espinosa Campos, la investigación ministerial lo relacionaría con un posible desvío de al menos 36 millones de pesos, cantidad que forma parte de las indagatorias y que deberá ser acreditada ante las autoridades judiciales.
Investigan movimientos financieros
Las investigaciones también abarcan las operaciones financieras del contador.
Información obtenida por MCCI señala que entre 2020 y 2024 Espinosa Campos habría registrado ingresos cercanos a 36.2 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 27 millones fueron declarados bajo el concepto de préstamos.
El origen y destino de esos recursos forman parte de las operaciones que están siendo revisadas por las autoridades.
Espinosa Campos también aparece relacionado como representante legal, accionista o administrador de distintas sociedades mercantiles, algunas de ellas vinculadas empresarialmente con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.
Entre las compañías identificadas en la investigación se encuentran EMC Metering Systems y Flow Control Medición.
La indagatoria periodística también documenta que personal relacionado con el despacho del contador realizó trámites fiscales correspondientes a Emigdio Moreno y algunas de sus empresas.
Mayavisión, pieza central del expediente
Mayavisión constituye uno de los principales elementos de la investigación debido al volumen de recursos públicos que recibió.
Entre los documentos revisados existen facturas correspondientes a servicios de información gubernamental, publicidad televisiva y difusión de actividades oficiales.
Parte de esos pagos continuaron después de que Alejandro Moreno dejara la gubernatura de Campeche en junio de 2019 para buscar posteriormente la dirigencia nacional del PRI.
Tras su salida, Carlos Miguel Aysa González asumió el gobierno estatal y algunos de los contratos relacionados con comunicación institucional continuaron vigentes.
La detención de Espinosa Campos representa un nuevo episodio dentro de las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos durante anteriores administraciones de Campeche y podría permitir a las autoridades profundizar en las operaciones financieras y empresariales que actualmente se encuentran bajo investigación.
Hasta ahora, las acusaciones contra Luis Antonio Espinosa Campos corresponden a imputaciones e investigaciones ministeriales, por lo que deberá considerarse inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su responsabilidad.
