Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- La controversia por la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos volvió a escalar esta semana luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de proporcionar información “falsa, parcial e insuficiente” sobre la operación que derivó en la detención del histórico líder del Cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy sostuvo que la información entregada por las autoridades estadounidenses no permite esclarecer plenamente los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando Zambada fue trasladado a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La funcionaria afirmó que persisten inconsistencias sobre la participación de agentes estadounidenses, la ruta de la aeronave utilizada y la identidad de los participantes en el operativo.
La FGR informó además que mantiene 32 líneas de investigación relacionadas con la extracción de Zambada y que recientemente solicitó una nueva asistencia jurídica al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener información adicional sobre el caso. Entre los aspectos que busca esclarecer se encuentra la posible participación directa del FBI, lo que, de confirmarse, podría representar una violación a la soberanía mexicana y al derecho internacional.
Sheinbaum exige claridad
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta semana que las agencias estadounidenses deben actuar conforme a la Constitución mexicana, la Ley de Seguridad Nacional y los mecanismos institucionales de cooperación entre ambos países.
Durante su conferencia matutina del 7 de julio, la mandataria cuestionó las versiones contradictorias ofrecidas por funcionarios estadounidenses respecto a la captura de Zambada y planteó nuevamente la interrogante sobre quién faltó a la verdad acerca de la participación del FBI en la operación.
“La relación con las agencias estadounidenses debe darse dentro del marco institucional y con autorización del Estado mexicano”, sostuvo la Presidenta.
Investigación en Estados Unidos
El caso adquirió un nuevo giro luego de que medios estadounidenses y documentos judiciales revelaran mayores detalles sobre la logística que permitió trasladar a Zambada hacia territorio estadounidense.
Las investigaciones identifican a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, como el piloto de la aeronave Beechcraft King Air 200 utilizada para transportar al narcotraficante, quien posteriormente fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
Paralelamente, la defensa de Ismael Zambada presentó ante una corte federal de Nueva York un escrito en el que acepta que la pena prevista será de cadena perpetua, tras haberse declarado culpable de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. La audiencia para dictar sentencia permanece programada para el próximo 20 de julio.
Relación bilateral bajo presión
El Gobierno mexicano sostiene que la captura de Zambada no sólo representa un caso judicial, sino también un asunto de soberanía nacional.
La FGR considera que existen elementos para investigar posibles violaciones al derecho mexicano derivadas de un presunto acuerdo realizado al margen de las autoridades nacionales, además de cuestionar la actuación del entonces embajador estadounidense Ken Salazar respecto a las versiones ofrecidas sobre el operativo.
Especialistas en derecho internacional consideran que, si se demuestra una intervención de agentes estadounidenses sin autorización expresa del Gobierno mexicano, podrían abrirse nuevos frentes diplomáticos entre ambos países, en un momento en que la cooperación bilateral en materia de seguridad enfrenta uno de sus periodos más delicados de los últimos años.
A pesar del intercambio de declaraciones, tanto México como Estados Unidos mantienen abiertos los canales de colaboración para combatir al crimen organizado transnacional. Sin embargo, el caso Zambada se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles de la agenda bilateral y podría influir en futuras negociaciones sobre seguridad, extradición y cooperación judicial.
