Monterrey, Nuevo León, 1 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de triangulación de recursos públicos que involucra más de 7 mil 212 millones de pesos del gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda. Parte de los fondos habría terminado en un despacho jurídico relacionado con el mandatario estatal y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La denuncia fue presentada el pasado 16 de octubre, como resultado de las investigaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2025. De acuerdo con la información difundida por La Jornada y N+, el organismo fiscalizador identificó operaciones financieras entre empresas constructoras, comercializadoras, prestadoras de servicios y particulares que podrían constituir irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Detectan cuatro rutas de transferencia de recursos
Según la documentación presentada ante la Cámara de Diputados, la ASF identificó cuatro rutas mediante las cuales recursos provenientes del presupuesto estatal habrían circulado entre distintas compañías hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con la familia del gobernador.
La operación de mayor monto corresponde a una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos a una empresa constructora, que posteriormente habría enviado 5 mil 154.6 millones a otra compañía. De esta última se habrían canalizado 385.3 millones de pesos al despacho señalado.
Una segunda ruta involucró pagos por 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió 237 millones a una empresa de alimentos. De acuerdo con el reporte, esta última habría depositado 202.9 millones de pesos al mismo despacho.
La tercera operación comenzó con una transferencia de 243 millones de pesos a una empresa de servicios, mientras que una cuarta comprendió pagos por 154.2 millones a otra compañía, con movimientos posteriores hacia una firma de equipamiento.
En conjunto, las operaciones identificadas habrían permitido que 928.13 millones de pesos llegaran al despacho jurídico vinculado con Samuel García y su padre, según los señalamientos difundidos a partir del informe de fiscalización.
Investigan posible adquisición de propiedad millonaria
Uno de los aspectos de mayor relevancia del caso es el señalamiento sobre una propiedad valuada en aproximadamente mil millones de pesos, cuya adquisición estaría presuntamente relacionada con los movimientos financieros investigados.
La información publicada por La Jornada refiere que el esquema identificado por la ASF podría guardar relación con esa operación inmobiliaria. Sin embargo, el origen de los recursos, su posible vinculación con la adquisición y las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
ASF identifica posibles operaciones simuladas
Durante la presentación de los resultados de fiscalización, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que también se detectaron patrones de movimientos financieros que podrían corresponder a simulación de operaciones y triangulación de recursos.
El funcionario explicó que las investigaciones permitieron reconstruir las rutas del dinero público desde los pagos realizados por las administraciones estatales hasta las cuentas de proveedores y personas con posibles vínculos familiares con servidores públicos.
La ASF señaló que mantiene bajo reserva determinados datos relacionados con las personas físicas y morales involucradas, con el propósito de proteger el debido proceso y no comprometer las investigaciones.
La denuncia correspondiente a Nuevo León quedó identificada con el número 1231, vinculada con la auditoría 1492 de la Cuenta Pública 2025, de acuerdo con la información difundida por N+.
FGR deberá determinar posibles responsabilidades
La presentación de la denuncia abre una nueva etapa en la revisión del ejercicio de recursos públicos del gobierno de Nuevo León, particularmente en lo relacionado con contrataciones, pagos a proveedores y posibles conflictos de interés.
Corresponderá a la Fiscalía General de la República investigar si los movimientos financieros documentados constituyen delitos y, en su caso, establecer la participación y responsabilidad de las personas involucradas.
Hasta ahora, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades sujetas a investigación y no constituyen una sentencia ni acreditan por sí mismos responsabilidad penal del gobernador Samuel García o de sus familiares.
El caso coloca bajo escrutinio federal el manejo de recursos de la administración de Nuevo León y podría derivar en nuevas actuaciones ministeriales, dependiendo de los resultados de las diligencias y de la documentación financiera recabada.
La denuncia también representa un asunto de interés público por la magnitud de los recursos examinados y por la necesidad de esclarecer si los pagos efectuados por el gobierno estatal correspondieron a servicios y contratos legítimos o si existieron mecanismos para canalizar dinero público hacia beneficiarios particulares.
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