El rector Juan Carlos Arredondo sostiene que la UAA fue víctima de un engaño y que determinar responsabilidades corresponde a la Fiscalía y a la Contraloría, no a la Rectoría.
Asegura que el daño fue sobre todo de confianza e imagen y que la autonomía universitaria no equivale a opacidad.
Hay fraudes que se miden en millones de pesos y otros que se miden por la manera en que una institución deja de verse igual ante sí misma. La estafa Ponzi que afectó a la Universidad Autónoma de Aguascalientes pertenece a las dos categorías: dejó un daño patrimonial grave (las cifras que han circulado, de autoridades e investigaciones, van de poco más de 330 a casi 400 millones de pesos) y una herida en la confianza que la comunidad universitaria tenía en sí misma.
Sobre el caso corren dos conversaciones que conviene separar. La primera es judicial: la Fiscalía General del Estado y la Contraloría Universitaria investigan, hay personas detenidas y exfuncionarios bajo indagatoria, y serán esas autoridades, no el rector, quienes determinen las responsabilidades penales y administrativas. La segunda es institucional: qué le ocurrió a la universidad, a sus programas, a su reputación y a su autonomía, además de perder el dinero. Esta entrevista pertenece a la segunda.
Juan Carlos Arredondo asumió la Rectoría cuando el caso ya era el centro de la conversación pública sobre la UAA. Desde entonces ha sido el rostro de una crisis que encontró en marcha y cuya investigación no le corresponde. Su postura es que la universidad fue víctima de un engaño de figuras externas; reconoce una responsabilidad administrativa que, dice, no puede soslayarse, y sostiene que corresponde a la autoridad decidir sus consecuencias para los exrectores y el personal involucrado. Considera, además, que el caso ha opacado el trabajo cotidiano de la institución y ha servido para reabrir, desde fuera de ella, la discusión sobre su autonomía.
Esta conversación existe para darle espacio a esa versión, que hasta ahora ha tenido poco lugar en el debate público. Es su versión, y se presenta como tal: las respuestas son suyas y las preguntas buscan que pueda explicarla. Lo demás, lo que se acredite y lo que se sancione, lo dirán los expedientes.
Juan Carlos Arredondo (JCA): No quiero hacer un comentario fatalista, mediré mucho mis palabras; pero si nos centramos en el efecto inmediato, nos encontramos con hechos objetivos y contundentes. Comparto contigo el no tener que entrar al análisis del juicio. ¿Qué provoca en un primer momento? Que la universidad fue afectada por un fraude, y ese fraude se volvió el centro de la imagen de la institución. Todo el mundo olvidó el resto de las cosas que se hacían, y pareciera que las gestiones que se vieron inmiscuidas en esto, como las del doctor Javier Avelar y la doctora Sandra Yesenia Pinzón, no hubieran hecho nada o que la universidad se hubiera sumido únicamente en este caso.
La estafa Ponzi tiene un formato de fraude utilizado en muchos momentos de la historia y en muchas partes del mundo; la universidad es un ente que puede resultar atractivo para ello. Sin embargo, más allá de esto, creo que se nos olvidó el nivel de docentes que tenemos, que nuestros planes de estudio están certificados al 100% por los CIEES, somos de las pocas instituciones en el país con esa cobertura, y que tenemos 26 programas catalogados como de alta calidad nacional. Se olvidó que tenemos chicos triunfando en mundiales de matemáticas; que en Medicina somos la tercera universidad pública del país con mejores resultados en el ENARM, solo por detrás del Politécnico y la Universidad de Puebla; que en Derecho tenemos algunos de los resultados más altos en las pruebas EGEL; o que la incorporación de nuestros egresados al mercado laboral supera el 65% de la matrícula total.
Se olvidó también nuestra proyección en deportes, el cine universitario o los premios Pantalla de Cristal en televisión; o que el 30% de nuestros alumnos reciben beca total. El que crea que el dinero público está siendo mal utilizado, lo invito a hacer un recorrido para que conozca la universidad real. Los jardines se riegan con una planta tratadora de agua propia; intentamos ser autosustentables al 100% y nos estamos sometiendo a una certificación de huella de carbono. Mi tarea es que todo lo ya hecho se vea mejor y se supere. Ni siquiera hemos hablado del trabajo de servicio social: lo que hace la CUDECO, las brigadas de salud, el despacho jurídico o la clínica de litigio estratégico ligada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para ayudar a personas refugiadas. Todo eso lo hace esta universidad y no lo hacen otras.
Edilberto Aldán (EA): Como rector, ¿qué decisiones tuyas han quedado opacadas por el caso? ¿Qué no deja ver la conversación pública sobre lo que ocurre dentro de la Rectoría?
JCA: La estafa Ponzi nos quita tiempo; eso es lo que hace, nos quita tiempo para dedicárselo a cosas mejores. Por suerte, hasta el día de hoy no ha tenido un impacto importante en la operatividad de mi gestión. Lo incómodo es estar con la zozobra de saber si alguien de la comunidad o cercano pueda resultar afectado. Sigo sosteniendo que, si bien hay una responsabilidad administrativa evidente que no podemos soslayar y que la autoridad decidirá si tiene consecuencias para exrectores o personal implicado, dentro de la universidad se incrustaron figuras externas que fueron engañando a nuestros compañeros. No me chupo el dedo, sé que son adultos y doctores preparados, pero al día de hoy no encuentro un rasgo de dolo ni que hayan obtenido una ganancia económica, aunque sí una clara culpa o responsabilidad.
EA: ¿Entonces la universidad es, en tu lectura, víctima del fraude?
JCA: Así es. Bajo el tenor de culpar abiertamente a los exrectores por ser figuras públicas, se olvida que la universidad fue la víctima. Ellos representaban a la institución y ninguno de ellos hubiese querido llegar a la rectoría para dañarla.
EA: ¿Cómo medimos el daño reputacional al interior de la comunidad universitaria y hacia el exterior?
JCA: Hacia el exterior hay una imagen deteriorada de las autoridades que participaron. Sin embargo, creo que la comunidad universitaria sí tiene los elementos para discernir el estado de calidad de la institución; lo tiene claro y no es la estafa lo que determina un criterio negativo absoluto. Lo que sí es claro es que se afectó la imagen de algunas autoridades y maestros, y perdimos la inocencia. Vivíamos con mucha bonhomía; esto fue nuestro equivalente a cuando en Estados Unidos dijeron que el 11 de septiembre perdieron la inocencia. Nosotros la perdimos aquí de la misma manera.
EA: ¿Qué riesgo se corre de que la universidad y tu periodo como rector sean más recordados por este hecho que por el trabajo académico y social que se realice?
JCA: Si no hacemos nuestro trabajo, corremos un riesgo altísimo. Nos corresponde dedicarle tiempo completo a la institución. Mi equipo y yo iniciamos actividades desde las siete de la mañana y terminamos a las nueve o diez de la noche, todo con la intención de poner las cosas en un orden normativo claro sin volvernos burocráticos. Nos preocupa cuidar el gasto. Personas ligadas a este tipo de negocios se han acercado a pedirme que explore formas de inversión; yo les digo que “no está el horno para bollos” para meterse en esas cosas. Seremos sumamente mesurados y cuidadosos en las licitaciones, compras directas, contratación de servicios y en los exámenes de oposición docente para que gane quien tenga que ganar.
EA: ¿Qué tendría que hacer la universidad, además de hacer las cosas bien y bajo la norma, para cambiar la conversación pública?
JCA: No podemos dejar de lado la necesidad de evaluarnos. Llevamos un seguimiento interno con el área de Planeación y Desarrollo sobre eficiencia terminal, abandono de aulas y métricas cada seis meses. Hacia afuera, los rankings tipo QS requieren pagos para mantenerte y no estamos en tiempos de gastar en eso. Preferimos el camino de los CIEES, que surgieron en los noventa como una evaluación entre pares altamente calificados sin cobrarte ni condicionar una certificación por dinero. Lo que sigue con CIEES es el análisis institucional profundo: revisar cómo gasta, planea, enseña e investiga la universidad. A diferencia de un ranking internacional, que muchas veces mide factores pensados para instituciones como Cambridge, Oxford o el MIT, los CIEES te marcan áreas de oportunidad reales como tutoría, cultura de la paz o derechos humanos. La universidad no es solo un aula que enseña; aquí formamos seres humanos que pretenden ser felices y hacer comunidad.
EA: La estafa abrió también un frente político: hubo intenciones de someter a la universidad a rendición de cuentas ante el Congreso o de modificar la legislación de la rectoría. ¿Estás de acuerdo en que esto puso en riesgo su autonomía?
JCA: Estoy de acuerdo. En el tema económico se pone en riesgo la autonomía. No tener independencia económica y sufrir una pérdida de 400 millones de pesos es un gran problema. Ahora, ¿esto generó un problema financiero de operatividad inmediata en la universidad? No. La universidad tiene mucho cuidado con sus finanzas y no estamos en un problema financiero, pero sí es un boquete muy grande que tenemos que restituir. La doctora Pinzón hizo una tarea de ahorros muy importante que permitió amortiguar la situación sin afectar fondos de reserva, fideicomisos, gasto ordinario ni dinero presupuestal federal o estatal. Por ahí hay tranquilidad.
Sin embargo, el evento abre la tentación a voces externas que quieren el control de la universidad, cambiar la legislación o limitar la autonomía. Hasta hoy lo he escuchado como voces sin un sustento intelectual real, guiadas más por la percepción de equiparar la autonomía con no rendir cuentas. Eso no es cierto: somos de las instituciones más auditadas por la Auditoría Superior de la Federación, las instancias estatales y nuestra propia Contraloría Interna, que es un órgano autónomo. Además, la Junta de Gobierno me pide constantemente informes sobre admisión, cuerpos académicos y el seguimiento de la estafa.
EA: ¿Qué aprendizaje institucional deja este episodio?
JCA: Que tenemos que estar alertas. Se acabó la luna de miel que la universidad tenía con la comunidad. Tenemos que entender que la institución es atractiva como un botín para quien vive de la delincuencia e incluso para los partidos políticos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la relación con el gobierno. Agradezco el respeto que han tenido la gobernadora, el presidente municipal de la capital y los alcaldes hacia la figura de la universidad. Me tocó recibir la venera en la toma de protesta; en ella está representada la autonomía de la universidad y sé que la tengo que cuidar a ultranza. Hay que tener el valor para hacerlo, pero sin el temor de abrirnos hacia afuera. No podemos vivir de manera endogámica; nuestro origen está en una comunidad que nos confía a sus hijos para que los preparemos y a la cual le tenemos que entregar resultados.
Busqué esta conversación con el rector Arredondo porque en otras entrevistas la pregunta dominante es por qué no se ha actuado contra los responsables. En redes se dice que la UAA está en su punto más bajo: a la estafa Ponzi se suman el costo de las colegiaturas, el rumor de que los partidos se reparten cargos en la universidad y publicaciones de influencers que nadie desmiente.
Colaboro con Radio UAA, camino por la universidad y no veo la pudrición con la que algunos columnistas fustigan a Juan Carlos Arredondo. Lo que veo es una institución golpeada que sigue funcionando y un rector que, en lugar de esquivar el tema, lo nombra: reconoce una responsabilidad administrativa, admite que la universidad perdió la inocencia y entiende que su tarea es impedir que la estafa se convierta en la única identidad pública de la UAA. Nada de eso sustituye a la justicia.
Quién respondió por el fraude, cuánto dinero se recuperará y si los controles de hoy bastan son preguntas que corresponden a la Fiscalía, a la Contraloría y, con el tiempo, a la propia universidad. Pero tampoco es justo medir a una institución solo por el peor episodio de su historia reciente. Esta conversación buscó darle al rector el espacio para decir eso, y para recordar que defender la autonomía exige rendir cuentas, no evadirlas.
