Puebla, Pue., 7 de septiembre de 2026.- Un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales derivó en la detención de nueve personas presuntamente relacionadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto que operaba en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos se encuentra Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, Puebla; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde, de acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La operación se desarrolló como parte del denominado Operativo Enjambre y de la estrategia federal de combate a la impunidad. En las acciones participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con información de inteligencia y coordinación con autoridades de Puebla.
Ejecutan 23 cateos simultáneos
Las autoridades ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en distintos puntos del municipio de Esperanza, ubicado en una zona estratégica del corredor que comunica Puebla con Veracruz. Como resultado fueron capturadas nueve personas investigadas por su probable participación en actividades delictivas vinculadas principalmente con ataques al transporte carretero.
Durante las diligencias fue asegurado un importante arsenal: 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles tipo Barrett; 52 cargadores y cartuchos de distintos calibres, además de equipo e indumentaria táctica.
También quedaron bajo resguardo de las autoridades 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y otro equipado con blindaje artesanal y una torreta. A esto se sumaron un dron y un inhibidor de señal, elementos que serán incorporados a las investigaciones ministeriales.
Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que deberá determinar la situación jurídica de cada persona y establecer el grado de responsabilidad individual. Los inmuebles intervenidos permanecen bajo resguardo para continuar con las diligencias.
Investigación alcanza estructuras municipales
La captura del presidente municipal y de una exresponsable de la seguridad pública local coloca el foco de las investigaciones no sólo sobre la capacidad operativa del grupo señalado, sino también sobre eventuales redes de protección institucional que pudieran haber facilitado sus actividades.
La información oficial disponible hasta ahora señala a los detenidos por su presunta vinculación con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, secuestro, extorsión y otros delitos cometidos principalmente sobre la carretera Puebla-Veracruz. Será la investigación ministerial la que determine la participación concreta de cada uno y, eventualmente, las responsabilidades penales correspondientes.
El operativo se suma a otras acciones contra autoridades municipales en Puebla. García Harfuch hizo referencia a la reciente detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, investigado por su probable responsabilidad en delitos relacionados con secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Buscan reducir robos y extorsiones en carreteras
Para el Gabinete de Seguridad federal, las capturas representan una afectación a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de organizaciones dedicadas a delitos en carreteras.
El objetivo inmediato será disminuir la incidencia del robo al autotransporte de carga y pasajeros, los asaltos carreteros y la extorsión, particularmente en una región que por su ubicación constituye un corredor estratégico entre Puebla y Veracruz.
La operación contó además con la colaboración del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta. La Fiscalía estatal destacó la coordinación entre autoridades federales y locales para intervenir los inmuebles y afectar la capacidad logística y de fuego del grupo investigado.
Las investigaciones continuarán para establecer el alcance de la estructura criminal, identificar a otros posibles integrantes y determinar si existieron funcionarios o servidores públicos que proporcionaron protección, información o facilidades para mantener las operaciones delictivas en el corredor Puebla-Veracruz.
