Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) defendió el modelo de cooperativas de limpieza impulsado por el Gobierno de México al asegurar que fortalece los derechos laborales, elimina esquemas de subcontratación y consolida la economía social como una alternativa para la prestación de servicios públicos. El posicionamiento ocurre en medio de los cuestionamientos derivados de una investigación periodística que señala presuntas irregularidades en la operación de este programa.
En un comunicado difundido este jueves, el INAES afirmó que las cooperativas representan un modelo económico en el que las personas trabajadoras dejan de ser únicamente empleadas para convertirse en socias de una organización de propiedad colectiva, con derecho a participar en la toma de decisiones, en la administración de la empresa y en la distribución equitativa de los excedentes generados.
El instituto destacó que este esquema promueve relaciones laborales basadas en la solidaridad, la ayuda mutua, la democracia, la equidad y la responsabilidad compartida, además de fortalecer el empleo digno y la inclusión productiva. Asimismo, sostuvo que la incorporación de cooperativas a la prestación de servicios públicos forma parte de la estrategia del Gobierno federal para impulsar la economía social como una herramienta para reducir desigualdades y generar bienestar en las comunidades.
Como parte de esa justificación, el INAES señala que durante años los servicios de limpieza en dependencias públicas fueron prestados por empresas privadas que, en diversos casos, mantenían a sus trabajadores bajo condiciones laborales precarias, con bajos salarios, carencia de seguridad social, prestaciones limitadas y esquemas de subcontratación. De acuerdo con el instituto, el nuevo modelo busca que los propios trabajadores sean socios de las cooperativas, participen en las decisiones, administren sus organizaciones y accedan de manera directa a los beneficios económicos generados por su trabajo.
Sin embargo, apenas unos días antes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación en la que cuestiona precisamente la implementación de ese modelo.
Según el reportaje, tres cooperativas creadas bajo este esquema obtuvieron contratos por más de 76 millones de pesos, mediante adjudicación directa, para prestar servicios de limpieza al Sistema Nacional DIF, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La investigación señala que diversos socios entrevistados afirmaron desconocer los montos de los contratos, no tener acceso a las cuentas bancarias de sus cooperativas y no participar en la administración de las mismas, pese a que el proyecto fue presentado como un esquema de autogestión en el que serían propietarios y administradores de sus organizaciones.
MCCI también sostiene que funcionarios del propio INAES habrían mantenido el control operativo y financiero de algunas cooperativas, situación que, de confirmarse, sería contraria a los principios de autonomía, independencia y gestión democrática que caracterizan al cooperativismo. Hasta el momento, el instituto no ha emitido una respuesta específica a los señalamientos contenidos en esa investigación y, en cambio, reiteró en su comunicado los beneficios sociales y laborales del modelo cooperativo.
La implementación de esta política también modificó el mercado de los servicios de limpieza en el sector público, al desplazar a empresas privadas que durante años concentraron estos contratos con dependencias federales. Para el Gobierno de México, la transición busca sustituir un esquema basado en la contratación de terceros por uno donde las personas trabajadoras sean propietarias de las organizaciones que prestan el servicio. No obstante, las denuncias difundidas por MCCI plantean el reto de demostrar que las cooperativas operan realmente con la autonomía, transparencia y participación democrática que establece la legislación en materia de economía social.
El caso coloca bajo escrutinio una de las principales apuestas del Gobierno federal para dignificar el trabajo mediante esquemas cooperativos. Mientras el INAES sostiene que el modelo representa una vía para fortalecer los derechos laborales y democratizar la actividad económica, la investigación periodística abre un debate sobre la forma en que esta política pública está siendo implementada y si sus resultados corresponden a los principios que le dieron origen.
Comunicado oficial del INAES:
https://www.gob.mx/inaes/prensa/cooperativas-fortalecen-derechos-laborales-y-economia-social-en-servicios-publicos-430938
