Ciudad de México, 30 de agosto de 2026.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Iglesia católica en México llamó a sus comunidades a abrir las puertas de los templos y acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos, mientras el país enfrenta una crisis que mantiene a más de 134 mil personas registradas como desaparecidas y no localizadas.
El llamado parte del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa en la que participan la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús, organizaciones religiosas y actores de la sociedad civil. Entre las acciones planteadas se encuentran recibir a las familias buscadoras en celebraciones religiosas, facilitar espacios para instalar “buzones de paz”, incluir a las personas desaparecidas en las oraciones y respaldar las actividades organizadas por los colectivos.
La Arquidiócesis Primada de México se sumó formalmente al llamado y pidió que este 30 de agosto las comunidades parroquiales realicen acciones concretas de solidaridad con las familias. El objetivo, señaló, es proporcionar espacios de escucha, acompañamiento y esperanza ante una problemática que continúa extendiéndose por el país.
Más de 134 mil personas siguen sin ser localizadas
Datos recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) colocaban a comienzos de agosto la cifra en aproximadamente 134 mil 512 personas cuyo paradero seguía sin conocerse. El número es dinámico: puede modificarse diariamente conforme se incorporan nuevos reportes y se localiza a otras personas.
Existe una precisión jurídica indispensable. El registro agrupa a personas desaparecidas y no localizadas, por lo que no todos los expedientes corresponden al delito de desaparición forzada ni permiten atribuir responsabilidad a agentes del Estado o a organizaciones criminales sin una investigación previa.
La dimensión de la crisis también ha provocado la proliferación de colectivos ciudadanos. Familias de distintas entidades realizan búsquedas en terrenos, hospitales, servicios forenses, centros penitenciarios y otras zonas ante la falta de información sobre el destino de sus familiares.
En estados como Baja California, colectivos de madres buscadoras realizaron recientemente acciones públicas para visibilizar la problemática. Con apoyo de Amnistía Internacional, familiares intervinieron artísticamente el muro fronterizo de Playas de Tijuana para recordar tanto a personas desaparecidas como a quienes han perdido la vida durante labores de búsqueda.
Gobierno anuncia nuevas medidas de búsqueda
El llamado de la Iglesia coincide con una nueva estrategia anunciada por el Gobierno federal. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el 28 de agosto 10 acciones para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Entre las medidas gubernamentales se encuentra el reforzamiento de los registros nacionales y de los mecanismos de búsqueda inmediata. Gobernación informó además que desde julio de 2025 habían sido localizadas 13 mil 625 personas, aunque reconoció que todavía existe un desafío considerable para mejorar la coordinación institucional y atender los casos pendientes.
El reto no consiste únicamente en ampliar bases de datos o modificar protocolos. La efectividad de la estrategia dependerá de que fiscalías, comisiones de búsqueda, instituciones forenses, corporaciones policiales y autoridades de los tres niveles de gobierno intercambien información oportunamente y traduzcan esos mecanismos en localizaciones.
Las iglesias como espacios de acompañamiento
La iniciativa religiosa no pretende sustituir las obligaciones legales del Estado. La búsqueda, investigación de delitos, identificación forense y procuración de justicia corresponden a las autoridades. El planteamiento de la Iglesia se concentra en ofrecer acompañamiento social y espacios donde las familias puedan ser escuchadas y mantener visibles los casos.
Una de las propuestas más particulares es la instalación de “buzones de paz” en algunos templos, mecanismos mediante los cuales ciudadanos pueden proporcionar información de manera anónima sobre posibles lugares relacionados con víctimas de la violencia.
El mensaje adquiere especial significado este 30 de agosto, fecha establecida internacionalmente para recordar a las víctimas de desaparición forzada y exigir respuestas frente a uno de los problemas de derechos humanos más graves que enfrenta México.
Más allá de las cifras, el desafío sigue concentrado en una pregunta que miles de familias repiten diariamente: ¿dónde están?
La respuesta requerirá investigación efectiva, capacidad forense, coordinación institucional, protección para quienes buscan y acompañamiento a las víctimas. Mientras esas respuestas no lleguen, los colectivos seguirán buscando y la desaparición de personas permanecerá como una de las heridas más profundas del país.
