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Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- El Gobierno federal anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia para enfrentar la sobrepoblación, fortalecer la seguridad y recuperar el control institucional de las cárceles mexicanas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos estarán ubicados en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz.
La decisión fue presentada durante la conferencia presidencial del martes, después de los recientes enfrentamientos registrados en el penal de El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 12 personas durante dos episodios de violencia.
Sinaloa tendrá el primer nuevo centro penitenciario
El Gobierno federal determinó que la primera instalación se construya en Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, el proyecto contempla 2 mil 640 espacios, infraestructura de vigilancia y mecanismos destinados a fortalecer el control penitenciario.
García Harfuch explicó que el nuevo establecimiento incorporará sistemas tecnológicos de supervisión, inspección y control de comunicaciones.
También se prevén áreas diferenciadas conforme a los perfiles de riesgo de las personas recluidas.
Las autoridades informaron que, como parte de las medidas recientes de seguridad penitenciaria en Sinaloa, se realizaron nueve operativos que permitieron trasladar a 636 personas privadas de la libertad hacia centros federales.
Sobrepoblación afecta a más de la mitad de las cárceles
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el incremento de detenciones durante los últimos dos años ha generado mayor presión sobre la infraestructura penitenciaria.
De los 275 centros de reclusión del país, 157 presentan condiciones de sobrepoblación, con un excedente cercano a 42 mil personas.
La situación es particularmente delicada en el Estado de México, Nayarit y Morelos, donde la población penitenciaria supera ampliamente la capacidad instalada.
El Gobierno federal sostuvo que los nuevos establecimientos serán operados por instituciones públicas y no mediante esquemas de administración privada.
Además de la vigilancia, el proyecto contempla servicios médicos, capacitación laboral, educación y actividades deportivas orientadas a la reinserción social.
Construir más cárceles no resuelve todos los problemas
Organizaciones especializadas en derechos humanos han señalado que ampliar la capacidad penitenciaria debe acompañarse de medidas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de los centros existentes.
Entre los desafíos se encuentran la insuficiencia de custodios, la falta de atención médica, los riesgos de autogobierno y la presencia de actividades delictivas dentro de algunas instalaciones.
El anuncio corresponde a un programa de construcción; los seis establecimientos todavía no se encuentran concluidos ni representan capacidad penitenciaria disponible.
El seguimiento deberá concentrarse en la aprobación presupuestaria, los calendarios de obra, los modelos de operación y las medidas inmediatas para prevenir nuevos enfrentamientos.
