Aguascalientes, Ags., 18 de julio de 2026.- La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, reactivó una investigación federal que comenzó mucho antes de su captura. En el centro del expediente aparece Ingemar, S.A. de C.V., una empresa que pasó de ser prácticamente desconocida a convertirse en uno de los principales nombres asociados a la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal, un esquema de contrabando mediante la declaración falsa de combustibles para evadir impuestos.
Hasta ahora, la información pública disponible permite reconstruir una cronología con hechos verificables, pero también obliga a separar con claridad los datos confirmados de las hipótesis ministeriales y de los señalamientos periodísticos. La investigación continúa abierta y, conforme al principio de presunción de inocencia, ninguna de las personas involucradas puede considerarse culpable mientras no exista una resolución judicial firme.
El origen: un decomiso sin precedente
El punto de inflexión ocurrió en julio de 2025, cuando autoridades federales aseguraron en Ramos Arizpe, Coahuila, 129 carrotanques ferroviarios con aproximadamente 15.48 millones de litros de hidrocarburos.
El operativo fue presentado como uno de los mayores aseguramientos de combustible realizados por el Gobierno federal y dio origen a una investigación que involucró documentación aduanera, permisos de importación, operaciones ferroviarias y movimientos comerciales entre Estados Unidos y México.
Desde el inicio, las autoridades evitaron atribuir públicamente la propiedad de la totalidad del combustible asegurado y concentraron sus investigaciones en determinar quién importó el producto, quién elaboró la documentación y quién obtuvo el beneficio económico de las operaciones.
¿Qué es Ingemar?
De acuerdo con documentos corporativos y registros analizados por diversos medios nacionales, Ingemar, S.A. de C.V. fue constituida en 2018 con un capital reducido y un objeto social inicialmente ajeno al mercado energético.
Meses después modificó su objeto social para participar en actividades relacionadas con hidrocarburos y posteriormente obtuvo permisos para importar grandes volúmenes de combustibles. Investigaciones periodísticas señalan que llegó a contar con autorizaciones para importar cientos de millones de litros, un crecimiento que llamó la atención de analistas del sector energético.
Con el paso del tiempo, entre sus integrantes corporativos apareció el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien ha reconocido públicamente haber sido accionista de la empresa.
El mecanismo bajo investigación
La hipótesis que sigue la Fiscalía General de la República gira alrededor del llamado huachicol fiscal.
A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, el huachicol fiscal consiste, presuntamente, en importar gasolina o diésel utilizando documentos que describen la mercancía como productos distintos —por ejemplo aceites usados, residuos o derivados industriales— con el propósito de reducir o evitar el pago de impuestos y contribuciones aduaneras.
Las investigaciones buscan establecer si ese mecanismo fue utilizado de manera sistemática para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México mediante operaciones ferroviarias y documentación alterada.
¿Por qué apareció Ingemar en la investigación?
Hasta el momento, la información pública disponible indica que Ingemar figura en la investigación por varios elementos:
• documentación relacionada con importaciones;
• operaciones ferroviarias sujetas a revisión;
• permisos de importación de combustibles;
• participación dentro de una cadena comercial investigada por autoridades federales.
Sin embargo, la sola aparición de una empresa en documentos de una investigación no constituye prueba de responsabilidad penal, ya que corresponde al Ministerio Público demostrar quién ordenó, conoció o participó en una eventual falsificación documental.
La postura de Ernesto Ruffo
Desde que el caso salió a la luz, Ernesto Ruffo sostuvo una posición consistente.
Reconoció haber participado como accionista de Ingemar, pero negó que la empresa fuera propietaria de todo el combustible asegurado y rechazó haber participado en actividades ilícitas.
Su argumento central ha sido que la empresa realizaba funciones relacionadas con importaciones y trámites documentales, mientras que la verificación física del contenido de los embarques correspondía a las autoridades aduaneras. Esa versión forma parte de su estrategia de defensa y deberá ser valorada durante el proceso judicial.
Las detenciones de 2026
La investigación dio un giro esta semana cuando la Fiscalía General de la República ejecutó órdenes de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro por delitos relacionados con delincuencia organizada y presunto contrabando de combustibles.
De acuerdo con la información difundida por diversas fuentes periodísticas, la investigación federal comprende una red integrada por personas físicas, empresas y operaciones comerciales desarrolladas durante varios años. También se informó que existen más personas bajo investigación y que podrían realizarse nuevas detenciones conforme avance el procedimiento penal.
El componente político
La relevancia del caso trasciende el ámbito empresarial.
Ernesto Ruffo representa una figura histórica del Partido Acción Nacional al haber sido el primer gobernador de oposición que derrotó electoralmente al PRI en 1989.
Por ello, su detención generó un inmediato debate político.
Mientras dirigentes del PAN solicitaron que el proceso se conduzca con absoluta imparcialidad y sin motivaciones políticas, el Gobierno federal respondió que la investigación lleva más de un año desarrollándose y negó cualquier forma de persecución selectiva. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que serán los jueces quienes determinen las responsabilidades conforme a las pruebas aportadas por la Fiscalía.
Lo que sí está comprobado
La información pública permite afirmar con certeza que:
• existió un aseguramiento de aproximadamente 15.48 millones de litros de combustible;
• la FGR mantiene una investigación relacionada con operaciones de importación de hidrocarburos;
• Ingemar aparece vinculada dentro de esa investigación;
• Ernesto Ruffo reconoció haber sido accionista de la empresa;
• actualmente existen procesos penales derivados de esa investigación.
Lo que todavía deberá demostrar la Fiscalía
Aún corresponde acreditar judicialmente aspectos fundamentales como:
• quién organizó la presunta red de contrabando;
• quién ordenó o conocía la elaboración de documentación presuntamente falsa;
• qué participación tuvo cada empresa involucrada;
• qué beneficio económico obtuvo cada uno de los investigados;
• si existió o no delincuencia organizada en términos del Código Penal Federal.
Hasta que esos extremos sean probados ante un tribunal, las investigaciones permanecen en etapa procesal y ninguna acusación constituye por sí misma una sentencia.
Un caso que podría redefinir el combate al huachicol fiscal
Más allá de las responsabilidades individuales, el expediente Ingemar se perfila como uno de los casos más relevantes en la estrategia del Estado mexicano contra el llamado huachicol fiscal.
Si las imputaciones prosperan, el proceso podría convertirse en un precedente para fortalecer el control sobre las importaciones de combustibles, la fiscalización aduanera y la supervisión de permisos otorgados a empresas del sector energético.
Por el contrario, si durante el proceso judicial las pruebas resultan insuficientes, el caso también pondrá a prueba la solidez técnica de las investigaciones federales en uno de los delitos económicos de mayor impacto para las finanzas públicas del país.
Fuentes consultadas: información pública de la Fiscalía General de la República (antecedentes oficiales), reportes de El País, Proceso, La Silla Rota, Aristegui Noticias y antecedentes documentales sobre la evolución corporativa de Ingemar.
