Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra Héctor Taurino Landa Cabrera, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con información oficial, Landa Cabrera se desempeñó entre 2011 y 2018 como Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Su captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento desarrolladas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La FGR informó que las investigaciones apuntan a un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el tiempo que ocupó cargos públicos. Entre los principales señalamientos destaca la recepción de una residencia ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos, la cual habría sido entregada como pago por un contrato de prestación de servicios que, según las autoridades, nunca fue realizado. (El Universal)
Las indagatorias también relacionan al exservidor público con una presunta red de empresas factureras o fantasma, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Según la FGR, el Ministerio Público Federal obtuvo la orden de aprehensión luego de reunir elementos de prueba derivados de análisis patrimoniales, verificación de domicilios y trabajos de inteligencia financiera. Tras su detención, Héctor Taurino Landa Cabrera fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
El caso se remonta a investigaciones iniciadas años atrás por la adquisición de bienes cuyo valor excedería significativamente los ingresos reportados por el exfuncionario durante su paso por la administración tributaria federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación había rechazado previamente recursos legales promovidos por el acusado para detener el proceso penal en su contra.
