Washington, D.C., 5 de agosto de 2026.- El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, endureció el discurso de la agencia contra el crimen organizado al advertir que la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incluirá no solo a sus líderes y operadores, sino también a los funcionarios públicos que presuntamente faciliten o protejan sus actividades.
Durante un anuncio conjunto encabezado por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cole afirmó que la estrategia estadounidense contempla perseguir a quienes mantienen vínculos con las organizaciones criminales. “Esto es apenas el inicio. Vamos por ellos”, expresó el funcionario al referirse tanto a integrantes del CJNG como a los llamados “narcopolíticos”.
El anuncio estuvo acompañado por una serie de acciones judiciales contra integrantes del CJNG, incluyendo acusaciones federales por tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude y otros delitos transnacionales. Además, el gobierno estadounidense incrementó las recompensas por información que permita la captura de altos mandos de la organización criminal, las cuales en conjunto superan los 100 millones de dólares.
Entre los objetivos prioritarios figura Juan Carlos Valencia González, identificado como uno de los principales líderes del CJNG, así como otros operadores considerados piezas clave en la estructura de la organización. Las autoridades estadounidenses también anunciaron sanciones financieras y restricciones migratorias contra personas y empresas presuntamente vinculadas con las operaciones del cártel.
Las declaraciones de Terry Cole refuerzan una postura que el funcionario ha sostenido durante los últimos meses, al señalar que la lucha contra los cárteles no puede limitarse a los grupos armados, sino que debe extenderse a las redes de corrupción que les permiten operar desde las instituciones públicas. En julio pasado, el director de la DEA sostuvo que existe una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios que facilitan sus actividades, afirmaciones que fueron rechazadas por el Gobierno de México, el cual las calificó como infundadas y defendió los resultados de su estrategia de seguridad.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que el CJNG continúa siendo una de las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a su participación en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas sintéticas, además de operaciones de lavado de dinero y esquemas de fraude internacional.
La nueva ofensiva confirma el endurecimiento de la política estadounidense contra los cárteles mexicanos y anticipa una mayor presión diplomática y judicial en materia de cooperación bilateral, particularmente en los casos relacionados con corrupción, tráfico de drogas y delincuencia organizada transnacional.
