Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general retirado del Ejército Mexicano, ya se encuentra bajo custodia de autoridades de Estados Unidos en Arizona, donde enfrenta acusaciones federales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”.
Aunque inicialmente diversos medios reportaron una “detención” del exfuncionario, hasta el momento no existe una versión oficial detallada sobre las circunstancias de su aseguramiento, por lo que versiones periodísticas apuntan a que pudo tratarse de una entrega voluntaria o una comparecencia acordada ante autoridades estadounidenses.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales y documentos judiciales referidos por la prensa estadounidense, Mérida Sánchez es señalado de haber recibido presuntos sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de brindar protección institucional a operadores del Cártel de Sinaloa, alertar sobre operativos y permitir el funcionamiento de laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas.
El exmando estatal ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, en uno de los periodos más violentos registrados en la entidad tras la confrontación interna entre grupos criminales derivados de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Previo a conocerse su situación jurídica en Estados Unidos, Mérida Sánchez promovió un juicio de amparo en México para evitar una eventual detención o extradición. Un juez federal le había concedido una suspensión provisional apenas días antes de que trascendiera que ya se encontraba bajo custodia estadounidense.
Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni autoridades mexicanas han informado públicamente si el exfuncionario fue detenido mediante un operativo formal o si decidió presentarse voluntariamente ante agencias federales estadounidenses.
El caso ocurre en medio de una creciente presión del gobierno estadounidense sobre estructuras políticas y de seguridad en Sinaloa, particularmente por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos del crimen organizado.
