Ciudad de México, 7 de noviembre de 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el derecho a la salud mental y garantizar la atención integral de las adicciones, mediante un modelo de servicios públicos que privilegie la prevención, el acompañamiento comunitario y el respeto a los derechos humanos.
La propuesta plantea modificar el artículo 9, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, con el propósito de establecer obligaciones más claras para las autoridades capitalinas en materia de atención psicológica, psiquiátrica y de problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
La iniciativa busca que la salud mental deje de atenderse exclusivamente como una problemática individual y sea reconocida como una responsabilidad permanente del Estado, mediante políticas públicas que permitan ampliar la cobertura de servicios especializados, particularmente entre los sectores de la población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Atención comunitaria y prevención de adicciones
Uno de los principales componentes de la propuesta es el fortalecimiento de los servicios comunitarios de salud mental, con un enfoque que permita identificar oportunamente trastornos emocionales, prevenir situaciones de riesgo y ofrecer atención accesible a quienes requieren acompañamiento profesional.
En materia de adicciones, la reforma contempla impulsar acciones de prevención, tratamiento y reducción de riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, bajo principios de atención integral y no discriminación.
El planteamiento también incorpora medidas dirigidas a las personas con discapacidad psicosocial, mediante el reconocimiento de sus necesidades de habilitación, rehabilitación e inclusión social.
De esta manera, el Gobierno capitalino pretende establecer una base jurídica que permita desarrollar programas institucionales de largo plazo y fortalecer la coordinación entre las dependencias responsables de la salud pública.
Salud mental, un desafío para las políticas públicas
La iniciativa se presenta en un contexto de creciente preocupación por los problemas de salud mental, particularmente aquellos relacionados con la depresión, la ansiedad, las conductas de riesgo y el consumo problemático de sustancias.
Estos fenómenos representan un desafío para las instituciones sanitarias debido a la necesidad de contar con personal especializado, infraestructura suficiente, mecanismos de detección temprana y servicios accesibles para la población.
El reconocimiento constitucional propuesto podría fortalecer las obligaciones gubernamentales en esta materia, aunque su efectividad dependerá de los recursos presupuestales, las disposiciones legales secundarias y la capacidad operativa de las instituciones encargadas de proporcionar los servicios.
Congreso de la CDMX analizará la reforma
El Congreso de la Ciudad de México informó el 4 de noviembre que la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Salud, donde deberá ser analizada antes de avanzar hacia una eventual discusión y votación legislativa.
Por lo tanto, la propuesta todavía no constituye una reforma constitucional aprobada ni una disposición vigente.
De obtener el respaldo legislativo necesario, la modificación establecería un marco constitucional más amplio para orientar las políticas de salud mental y atención de adicciones en la capital del país.
La discusión también abrirá el debate sobre la suficiencia presupuestal, la disponibilidad de especialistas y los mecanismos institucionales necesarios para convertir el reconocimiento jurídico de estos derechos en servicios efectivos para la población.
La iniciativa de Clara Brugada coloca así la salud mental y las adicciones en la agenda legislativa capitalina, en un momento en que la atención de ambos problemas exige respuestas que trasciendan los programas temporales y se consoliden como políticas públicas permanentes.
About the Author
