- RSF revisó los 22 compromisos que la presidenta firmó en 2024: solo uno muestra una evolución positiva y dos registran retroceso institucional.
- Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 fueron asesinados 18 periodistas, ocho de ellos en lo que va de este año.
Dieciocho periodistas han sido asesinados durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum: uno en octubre de 2024, nueve en 2025 y ocho entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el balance que Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó este jueves en la Ciudad de México. La organización, que contabiliza 169 periodistas asesinados en el país en los últimos 20 años, sostiene que la impunidad se mantiene prácticamente intacta: solo uno por ciento de esos casos está esclarecido.
El informe México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa? revisa los 22 compromisos que la presidenta firmó con RSF al inicio de su gestión. Solo uno registra una evolución positiva, la capacitación de 386 servidores públicos estatales en medidas de protección; cinco tienen avances insuficientes, diez no muestran avances sustanciales verificables, dos retrocedieron (la desaparición del INAI y el debilitamiento de la FEADLE) y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información.
En reuniones con RSF, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció retrasos en la implementación de los compromisos y ofreció acelerarlos, y la fiscal general, Ernestina Godoy, se comprometió a reforzar la capacitación del Ministerio Público en materia de libertad de prensa. Para Thibaut Bruttin, director general de RSF, “es hora de actuar”.
Una tragedia con nombre, cifra y archivo
La cifra que sostiene el informe no es una abstracción estadística. Son 169 asesinatos de periodistas en dos décadas, una secuencia que RSF describe como la más prolongada de homicidios contra la prensa en un país que no está formalmente en guerra.
El perfil de las víctimas revela la naturaleza del problema: 166 de los periodistas asesinados cubrían información local; 59 por ciento abordaba temas vinculados con el crimen organizado y 46 por ciento, asuntos políticos. Los estados con mayor número de crímenes son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas.
No se trata solamente de asesinatos. En los últimos 20 años, 43 periodistas fueron víctimas de desaparición; siete sufrieron desaparición forzada; 13 fueron localizados sin vida; seis fueron hallados muertos; y 24 permanecen sin ser localizados. Además, al menos 70 periodistas y sus familias han tenido que desplazarse de sus lugares de origen por la violencia.
La representante de RSF en México, Balbina Flores, subrayó esa dimensión: detrás de cada caso hay una redacción que se vacía, una familia que huye y una comunidad que pierde información. El periodismo local, el más cercano a los lectores y sus necesidades, el que cubre ayuntamientos, fiscalías, poderes estatales, crimen y política cotidiana, es el más expuesto y, con frecuencia, el menos protegido.
La aritmética de la impunidad
Si los asesinatos son la cara visible de la crisis, la impunidad es su sistema operativo, ahí están los números del reporte de RSF:
Entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió mil 909 investigaciones por delitos contra periodistas, de las cuales sólo 53 concluyeron con sentencias condenatorias y apenas 11 correspondieron a homicidios; menos del 3 por ciento de las investigaciones termina en condena.
El dato más grave es otro: de los 169 asesinatos registrados por RSF en las últimas dos décadas, solo el 1 por ciento ha sido esclarecido. En la práctica, 168 casos siguen sin identificar plenamente al autor intelectual ni establecer el móvil del crimen.
Ese vacío no es un accidente procesal. Es la confirmación de que, en México, matar, amenazar, desaparecer o desplazar a un periodista sigue siendo, en términos de riesgo penal, una actividad de bajo costo.
Las promesas de Sheinbaum: firmadas, pero sin efecto
El informe de RSF no evalúa la totalidad de la política de seguridad ni pretende medir el desempeño general del gobierno. Parte de algo más preciso: revisar si los 22 compromisos que Claudia Sheinbaum asumió con la organización en 2024 se convirtieron en políticas, instituciones y resultados verificables.
La respuesta, según el balance, es mayoritariamente negativa.
De los 22 compromisos, solo uno muestra una evolución positiva: la capacitación de 386 servidores públicos estatales en medidas preventivas de protección para periodistas. Es un avance real, pero limitado: formar funcionarios no equivale a construir un sistema eficaz de prevención, atención y seguimiento.
Otros cinco compromisos registran avances considerados insuficientes. Entre ellos figuran acciones puntuales, como la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre de 2026. Es un cambio jurídico relevante en ese estado, pero no modifica el marco federal ni desactiva las figuras penales que pueden utilizarse para presionar, hostigar o silenciar a la prensa.
Diez compromisos no muestran avances sustanciales verificables. Dos registran retroceso institucional. Y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información pública o respuestas suficientes.
El problema, según RSF, no es la ausencia total de actividad gubernamental. Es la distancia entre la actividad y el resultado: reuniones, instrucciones, capacitaciones y declaraciones que no logran cambiar la seguridad de los periodistas, la velocidad de las investigaciones ni el acceso a la información pública.
Protección que no protege
Otro de los hallazgos más delicados del informe es la evaluación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A dos años del gobierno de Sheinbaum, RSF no documenta mejoras sustanciales en ese Mecanismo. La organización señala que no hubo una revisión formal de su funcionamiento ni una evaluación periódica de su eficacia. Además, su titular, Froylán Enciso, renunció en julio de 2026 y, al momento del balance, el cargo seguía vacante.
Este punto expone una paradoja dolorosa: el Mecanismo existe, tiene presupuesto, protocolos y personal; sin embargo, dos periodistas asesinados en 2026 estaban incorporados a algún mecanismo de protección. La protección formal, sin capacidad preventiva real ni respuesta oportuna, puede convertirse simplemente en un expediente que acompaña a la víctima hasta el final.
El gobierno sí reportó un aumento nominal de 6.7 por ciento en el presupuesto de la Dirección General de Protección, que pasó de 598.3 a 638.1 millones de pesos entre 2025 y 2026. Pero RSF advierte que ese incremento no se tradujo en una transformación verificable de la política de protección.
El INAI: un retroceso silencioso
El informe también identifica dos retrocesos institucionales. El primero es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ocurrida en diciembre de 2024, y el traslado de sus funciones a una estructura dependiente del Poder Ejecutivo.
Para RSF, ese cambio debilitó las garantías de independencia en materia de acceso a la información pública. No es un asunto exclusivo de los medios: cuando el árbitro de la transparencia pierde autonomía, también pierde capacidad el ciudadano que solicita contratos, nóminas, permisos, convenios o datos sobre seguridad.
El segundo retroceso es el debilitamiento de la FEADLE. El informe sostiene que la fiscalía especializada enfrenta condiciones institucionales que reducen su capacidad para investigar con eficacia los delitos contra la libertad de expresión.
Esta es una de las contradicciones centrales del sexenio de Claudia Sheinbaum: un gobierno que insiste en la transformación institucional ha visto desaparecer o debilitarse, según RSF, dos piezas clave del andamiaje que debería proteger tanto a los periodistas como al derecho de la sociedad a saber.
El discurso que también amedrenta
El informe México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa? no se limita a la violencia física. Señala que persisten declaraciones públicas denigrantes contra medios de comunicación y periodistas críticos, expresiones que contribuyen a un clima de hostilidad y pueden incentivar la autocensura.
El programa Derecho de Réplica, transmitido desde Palacio Nacional, es uno de los puntos cuestionados. Para la organización, reproduce prácticas de señalamiento público contra medios y comunicadores, en lugar de fortalecer un debate plural y equilibrado.
Bruttin amplió la mirada: el entorno global para el periodismo es adverso, con gobiernos hostiles, discursos de odio amplificados por plataformas digitales y una creciente banalización de la violencia contra quienes informan. Pero esa contextualización no exime al Estado mexicano. Al contrario: en un país con 169 periodistas asesinados en 20 años, la responsabilidad pública es mayor, no menor.
Lo que dijo el gobierno
La nota no es un monólogo acusatorio. RSF se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, a quienes presentó la urgencia de convertir los compromisos firmados en acciones concretas.
En el encuentro con Gobernación, la secretaria reconoció retrasos en la implementación de los compromisos y reiteró la voluntad del gobierno de acelerar su cumplimiento. También instruyó a la titular de la FEADLE y a la directora del Mecanismo Federal de Protección, Tobyanne Ledesma Rivera, a identificar los obstáculos para esclarecer los homicidios de periodistas, avanzar contra la impunidad y fortalecer las capacidades de las entidades federativas para responder a las amenazas.
Mientras que Godoy se comprometió a reforzar la capacitación del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, especialmente en las entidades federativas, e incluir el tema en la agenda de la próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, prevista para 2027.
Son reconocimientos importantes. Pero también dejan abierta la pregunta que el informe no permite eludir: si el gobierno reconoce el retraso, ¿qué garantías, plazos, recursos y mecanismos de verificación acompañarán esa voluntad declarada?
Es hora de actuar
La exigencia de Bruttin fue directa: “Es hora de actuar, proteger a los periodistas, luchar contra la impunidad y garantizar la libertad de prensa”. Y añadió: “El gobierno mexicano tiene que cambiar ahora, pronto; es un tema de urgencia”.
El director general de RSF llamó a valorar al periodismo por su función social: garantizar el derecho a la información y contribuir al desarrollo de la sociedad y de todos los ciudadanos.
Esa es, en el fondo, la apuesta del informe. No se trata de defender privilegios corporativos ni de convertir a los periodistas en una casta intocable. Se trata de proteger una función pública indispensable: la de informar, verificar, cuestionar y hacer visible lo que el poder político, económico o criminal prefiere mantener en la sombra.
La pregunta que queda
El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó una crisis que no comenzó con ella. La violencia contra la prensa tiene raíces en décadas de impunidad, crimen organizado, debilidad institucional y normalización del hostigamiento.
Pero heredar una crisis no es lo mismo que no responder a ella. El informe de RSF sostiene que, tras dos años, los avances han sido marginales frente a la magnitud del problema: 18 periodistas asesinados, 168 homicidios sin esclarecer por completo, un Mecanismo de Protección sin evaluación sustancial, una FEADLE debilitada y un INAI desaparecido.
La libertad de prensa no se defiende con discursos, ni con reuniones, ni con porcentajes de capacitación. Se defiende cuando un periodista amenazado recibe protección oportuna; cuando un asesinato no muere en un expediente; cuando el autor intelectual deja de ser intocable; y cuando la información pública deja de depender de la voluntad del poder.
México lleva 20 años acumulando muertos, desaparecidos y expedientes. El informe de RSF no dice que todo esté perdido. Dice algo más incómodo: que el tiempo de las promesas ya se agotó.
About the Author
1 thought on “México: 18 periodistas asesinados, la impunidad que sigue intacta”