Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer y reorganizar las funciones de transparencia en las dependencias y entidades de la administración pública federal.
De acuerdo con la Presidencia de la República, el instrumento concentra en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la coordinación del Portal de Transparencia y de los mecanismos mediante los cuales las instituciones federales deben responder las solicitudes de acceso a la información.
El decreto pretende homologar criterios, mejorar la publicación de información gubernamental y facilitar a la ciudadanía la consulta de datos relacionados con el ejercicio de recursos públicos, contrataciones, estructura administrativa y resultados institucionales.
Durante su conferencia del 4 de agosto, Sheinbaum explicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá la responsabilidad de coordinar el sistema dentro del Poder Ejecutivo federal.
El derecho de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el artículo sexto de la Constitución. Por ello, la reorganización administrativa no elimina la obligación de las dependencias de documentar sus decisiones, conservar archivos, atender solicitudes y justificar legalmente cualquier reserva de información.
La efectividad del nuevo modelo dependerá de la capacidad de las unidades administrativas para responder dentro de los plazos establecidos y de que existan procedimientos accesibles para que las personas puedan inconformarse cuando consideren incompleta o improcedente una respuesta.
El Gobierno federal sostiene que la concentración permitirá mejorar la coordinación y el cumplimiento de las obligaciones institucionales. Organizaciones civiles, especialistas y usuarios del sistema podrán evaluar su funcionamiento a partir de indicadores como tiempos de respuesta, calidad de la información entregada y resolución de recursos.
La publicación y aplicación del decreto abre una nueva etapa en el modelo federal de transparencia, cuya principal prueba será garantizar que la reorganización no reduzca el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública.
