Ciudad de México, 18 de julio de 2026.- La violencia contra periodistas y medios de comunicación en México volvió a encender las alertas nacionales e internacionales, luego de que el número de comunicadores asesinados durante 2026 ascendiera a por lo menos seis, en un contexto marcado por amenazas, ataques armados, desapariciones, desplazamientos forzados y procesos judiciales que organizaciones defensoras consideran instrumentos de intimidación.
El caso más reciente es el de Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, asesinado el 16 de julio en Puebla. De acuerdo con reportes periodísticos y pronunciamientos de organizaciones especializadas, hombres armados le dispararon cerca de su domicilio y frente a integrantes de su familia.
Reporteros Sin Fronteras señaló que, hasta el 7 de julio, había registrado cinco periodistas asesinados en México durante 2026. Con el homicidio de Martínez Contreras, ocurrido nueve días después, la cifra aumentó a seis casos, lo que confirma la persistencia de un entorno de alto riesgo para quienes investigan, documentan o difunden asuntos de interés público.
Agresiones que van más allá de los homicidios
La crisis no se limita a los asesinatos. Periodistas de distintas entidades han denunciado amenazas directas, vigilancia, hostigamiento digital, campañas de desprestigio, agresiones físicas y ataques contra sus domicilios o centros de trabajo.
En Culiacán, Sinaloa, la vivienda de César Millán Lafarga, director general del medio Adiscusión, fue atacada con disparos realizados desde un vehículo. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho provocó daños materiales y reavivó las exigencias para investigar las agresiones previas contra ese proyecto periodístico.
El mismo medio ha enfrentado otros episodios violentos: su fundador, Humberto Millán Salazar, fue asesinado en 2011, mientras que sus instalaciones fueron atacadas en junio de 2024. La falta de resultados concluyentes en estos casos alimenta la percepción de que la impunidad continúa siendo uno de los principales factores que permiten la repetición de las agresiones.
Veracruz también concentra una parte significativa de la violencia registrada este año. Reporteros Sin Fronteras documentó que el asesinato de Roxana Guzmán se convirtió en el tercer homicidio de un periodista ocurrido en esa entidad durante 2026 y el cuarto registrado en el país hasta ese momento. Antes habían sido asesinados Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez, ambos en Poza Rica.
Periodismo local, el sector más vulnerable
La mayor exposición al riesgo se encuentra entre reporteros y responsables de medios locales que cubren seguridad pública, corrupción, conflictos políticos, manejo de recursos municipales, servicios públicos y actividades de grupos criminales.
En numerosos municipios, estos comunicadores trabajan sin respaldo institucional, seguridad social, protocolos de emergencia o recursos suficientes para abandonar temporalmente una zona cuando reciben amenazas. Además, mantienen contacto directo y cotidiano con autoridades, cuerpos policiales, actores políticos y organizaciones delictivas sobre las que informan.
Esta cercanía territorial incrementa su vulnerabilidad. A diferencia de los grandes medios nacionales, muchas plataformas regionales dependen de equipos pequeños y carecen de áreas jurídicas, mecanismos internos de protección o capacidad económica para enfrentar litigios prolongados.
La precariedad laboral se convierte así en un componente adicional de la violencia. Los bajos ingresos, la contratación informal y la necesidad de desempeñar actividades paralelas reducen las posibilidades de adoptar medidas preventivas y favorecen que algunos periodistas continúen trabajando aun después de recibir amenazas.
Procesos legales y presión institucional
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión también han advertido sobre el uso de procedimientos administrativos, civiles, electorales o penales contra periodistas y medios.
Aunque no todos los litigios pueden considerarse automáticamente actos de censura, existe preocupación cuando las denuncias, sanciones económicas o medidas cautelares son promovidas por funcionarios públicos, actores políticos o personas con poder económico para inhibir investigaciones periodísticas o impedir la difusión de información crítica.
Este fenómeno, identificado como acoso judicial, puede generar consecuencias incluso cuando los demandantes no obtienen una sentencia favorable. El costo de la defensa legal, el desgaste emocional y el tiempo invertido obligan a periodistas y pequeños medios a limitar coberturas, retirar publicaciones o evitar ciertos temas.
La combinación de violencia física y presión institucional produce un efecto inhibidor que trasciende a las víctimas directas. Cuando una agresión queda sin castigo, otros comunicadores interpretan el hecho como una advertencia y recurren a la autocensura para protegerse y proteger a sus familias.
Impunidad, el problema estructural
México arrastra desde hace más de dos décadas una crisis de violencia contra la prensa. Reporteros Sin Fronteras registra más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos en el país desde el año 2000. Por su parte, ARTICLE 19 mantiene un registro histórico de 179 asesinatos de periodistas vinculados potencialmente con su labor informativa, aunque la clasificación de cada caso depende de las metodologías y procesos de verificación de cada organización.
Las diferencias entre registros no reducen la gravedad del problema. Todas las organizaciones coinciden en que la falta de investigaciones exhaustivas, sentencias firmes y sanciones contra autores materiales e intelectuales contribuye a la repetición de los ataques.
También han solicitado que las fiscalías no descarten prematuramente la actividad periodística como posible móvil de los homicidios. La obligación de investigar esa línea resulta especialmente relevante cuando la víctima había publicado información sobre corrupción, delincuencia organizada, abusos policiales o conflictos políticos.
Protección insuficiente
El Estado mexicano dispone de mecanismos federales y estatales para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, comunicadores y organizaciones civiles cuestionan su capacidad operativa, presupuesto, coordinación con autoridades locales y respuesta ante situaciones de emergencia.
Las medidas suelen incluir botones de auxilio, cámaras, vigilancia, escoltas o reubicaciones temporales. No obstante, su eficacia depende de la evaluación oportuna del riesgo y de la colaboración de autoridades municipales y estatales, que en algunos casos pueden formar parte del entorno denunciado por los propios periodistas.
Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han exigido investigaciones creíbles, transparentes y rápidas en los asesinatos registrados durante 2026. Ambas organizaciones han insistido en que identificar a los responsables materiales no es suficiente si no se esclarecen los móviles y las redes que ordenaron o facilitaron las agresiones.
Una amenaza para el derecho a la información
La violencia contra la prensa no afecta únicamente a quienes ejercen el periodismo. Cada asesinato, amenaza o cierre de un medio limita el derecho de la sociedad a conocer información sobre asuntos públicos.
En regiones controladas por grupos criminales o estructuras políticas, el silencio informativo puede ocultar desplazamientos, extorsiones, desapariciones, corrupción y abusos de autoridad. La ausencia de cobertura reduce el escrutinio público y facilita que redes delictivas o funcionarios actúen sin rendición de cuentas.
El panorama registrado durante 2026 muestra que la protección de periodistas sigue siendo una deuda estructural. Frenar la violencia requerirá investigaciones independientes, coordinación entre autoridades, fortalecimiento de los mecanismos preventivos y sanciones efectivas contra quienes ordenen, ejecuten o encubran ataques.
Mientras los crímenes permanezcan impunes y las medidas de protección sean insuficientes, ejercer el periodismo en distintas regiones de México continuará siendo una actividad de alto riesgo, con consecuencias directas para la libertad de expresión, el acceso a la información y la vida democrática del país.
