Monterrey, Nuevo León. El Congreso de Nuevo León dio entrada a una nueva solicitud de juicio político contra el gobernador Samuel García, derivada de señalamientos por un presunto desvío de recursos públicos que superaría los mil millones de pesos.
La Comisión Permanente del Poder Legislativo estatal turnó el expediente a la Comisión Anticorrupción con carácter de urgente, convirtiéndose en el tercer procedimiento de juicio político que enfrenta el mandatario de Movimiento Ciudadano. La denuncia fue promovida por dirigentes de Morena, quienes acusan una posible triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos presuntamente vinculados al entorno familiar del gobernador.
De acuerdo con la solicitud presentada ante el Congreso local, empresas contratistas del gobierno estatal habrían recibido recursos públicos y posteriormente realizado transferencias millonarias a firmas relacionadas con el mandatario, hechos que podrían configurar el delito de peculado. Los promoventes también presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República para que investigue el origen y destino de los recursos.
La Comisión Anticorrupción analizará la procedencia del caso y, en caso de avanzar, Samuel García deberá comparecer personalmente, mediante representación legal o por escrito para ejercer su derecho de defensa. Posteriormente se abriría una etapa de investigación y valoración de pruebas antes de que el asunto llegue al Pleno del Congreso.
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, afirmó que existe viabilidad jurídica para que el proceso avance hasta una eventual declaración de procedencia e incluso un posible desafuero, dependiendo de los resultados de las investigaciones y de la votación legislativa correspondiente.
Este nuevo expediente se suma a otros dos juicios políticos que enfrenta el gobernador relacionados con resoluciones electorales por presuntas violaciones a la equidad en los comicios de 2024 y el supuesto uso indebido de recursos públicos en favor de Movimiento Ciudadano.
Analistas consideran que el caso podría intensificar la confrontación política que durante los últimos años ha caracterizado la relación entre el Ejecutivo estatal y el Congreso de Nuevo León, en un contexto marcado por disputas presupuestales, controversias constitucionales y procesos judiciales entre ambas partes.
Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no ha emitido una postura oficial detallada sobre este nuevo procedimiento legislativo. Mientras tanto, la Comisión Anticorrupción determinará en las próximas semanas si existen elementos suficientes para continuar con el proceso y llevar el caso al Pleno del Congreso estatal.
