– Edilberto Aldán.
Esta conversación con Lucía Moguel, investigadora de la organización Artículo 19, sobre la alarmante crisis de violencia que enfrenta el periodismo en México. El diálogo destaca el lanzamiento de una campaña audiovisual diseñada para visibilizar cómo las agresiones no solo afectan a los reporteros, sino que destruyen sus entornos familiares y generan silencios informativos. Se discute la falta de investigaciones adecuadas por parte de las autoridades y la preocupante precariedad laboral que vuelve a los comunicadores vulnerables ante el control gubernamental o criminal.
México es el segundo país más peligroso para ejercer la prensa a nivel mundial, superado únicamente por la zona de Gaza. En un contexto donde cada 14 horas un periodista o su familia son atacados por buscar la verdad, la organización Artículo 19, en colaboración con Diario La Unión y Grey México, ha lanzado una campaña audiovisual que busca visibilizar la crudeza de esta realidad y el impacto devastador en el entorno íntimo de los comunicadores.
En México, la violencia contra periodistas no solo busca silenciar a quien informa: busca desarticular todo lo que lo rodea. No es una agresión individual, es un mecanismo de intimidación extendida. Cada ataque deja de ser un mensaje privado para convertirse en advertencia pública: investigar tiene consecuencias.
En entrevista para Algo que decir (Radio UAA), Lucía Moguel, investigadora de Artículo 19, describe una crisis que ya no puede leerse únicamente en cifras, aunque las cifras sean contundentes. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra, con un patrón de agresiones sistemáticas que, lejos de disminuir, se normaliza.
De acuerdo con la organización, desde el año 2000, más de 170 han sido asesinados. Pero la estadística, advierte Moguel, apenas alcanza a registrar la superficie del problema: lo que no aparece en los conteos es el impacto prolongado, la onda expansiva que deja cada agresión en las familias, en las redacciones y en las comunidades.
El daño que no se cuenta
La campaña audiovisual impulsada por Artículo 19, en colaboración con Diario La Unión y Grey México, desplaza el foco hacia ese territorio menos visible: el entorno íntimo de los periodistas. La pregunta que articula el proyecto es simple y devastadora: ¿qué ocurre con quienes se quedan?
Las respuestas no son abstractas. Son familias que, además del duelo, enfrentan amenazas persistentes, desplazamientos forzados, rupturas económicas y un deterioro emocional que rara vez es atendido por el Estado. La violencia no termina con el asesinato o la agresión; se prolonga en la incertidumbre cotidiana.
Hay, además, una segunda pérdida: la del sustento. En muchos casos, el periodista es el principal proveedor del hogar. Su ausencia no solo deja un vacío afectivo, sino una precariedad inmediata que agrava la vulnerabilidad de quienes sobreviven.
Investigar sin querer encontrar
A ese escenario se suma un patrón institucional que Lucía Moguel describe sin rodeos: la tendencia de las autoridades a desvincular los crímenes de la labor periodística. No se trata únicamente de errores de investigación, sino de una práctica recurrente que permite reducir la presión política y diluir responsabilidades.
El caso de Moisés, en Veracruz, sintetiza esta lógica. Tras su asesinato, las autoridades privilegiaron la línea de investigación relacionada con su trabajo como taxista, relegando su actividad periodística, a pesar de antecedentes de amenazas vinculadas a su labor informativa. El resultado no es solo la impunidad, sino la construcción de una narrativa que deslegitima a la víctima.
Cuando el Estado decide no nombrar el periodismo como causa posible del crimen, no solo omite: reescribe los hechos.
Geografía del silencio
Las consecuencias de esta violencia sostenida no se limitan a los individuos. Se traducen en territorios enteros donde informar se vuelve inviable. La conversación con Moguel retoma un dato inquietante: una parte significativa del país carece de condiciones para ejercer un periodismo libre.
En esas regiones emergen los llamados “desiertos informativos”: espacios donde la ausencia de cobertura crítica permite que otros actores (el crimen organizado, poderes políticos locales) controlen el flujo de información. No es solo censura; es sustitución.
Lo que se instala entonces es una lógica de rumor, versiones fragmentadas o narrativas impuestas. La ciudadanía pierde referencias confiables y, con ellas, la posibilidad de tomar decisiones informadas. La desinformación deja de ser un accidente para convertirse en sistema.
El control que no se ve
No toda la presión es violenta en términos físicos. Existe un mecanismo más silencioso, pero igual de eficaz: la dependencia económica. Moguel advierte que la publicidad oficial sigue siendo una herramienta de control estructural sobre los medios.
Cuando una proporción significativa de los ingresos depende del gobierno, la línea editorial se vuelve negociable. La precariedad laboral completa el cuadro: salarios bajos, ausencia de garantías y condiciones que obligan a los periodistas a operar en permanente vulnerabilidad.
En ese contexto, la censura no siempre se impone; a veces se anticipa.
Lo que está en juego
Reducir este problema a una crisis del gremio sería un error de enfoque. Lo que está en juego es el derecho colectivo a la información. Cada periodista silenciado no sólo deja de publicar: deja a una comunidad sin herramientas para entender su propia realidad.
Por eso, la insistencia de Artículo 19 no se limita a la denuncia. Hay un llamado implícito a la sociedad: asumir que el periodismo es un bien público. Defenderlo implica también ejercer una ciudadanía informada, crítica y menos dependiente de las versiones únicas.
Reducir este problema a una crisis del gremio sería un error de enfoque. Lo que está en juego es el derecho colectivo a la información. Cada periodista silenciado no sólo deja de publicar: deja a una comunidad sin herramientas para entender su propia realidad. Por eso, la insistencia de Artículo 19 no se limita a la denuncia. Hay un llamado a la sociedad: asumir que el periodismo es un bien público. Defenderlo implica también ejercer una ciudadanía informada, crítica y menos dependiente de las versiones únicas.
Pero esa exigencia ciudadana ocurre en un terreno inclinado. Porque mientras se pide diversificar fuentes, desde el poder se construyen relatos únicos con recursos públicos; mientras se invoca la libertad de expresión, se administra la publicidad oficial como premio o castigo; y mientras se condena la violencia, se normaliza la impunidad que la sostiene. En ese contexto, el silencio no es solo consecuencia del miedo: es también resultado de un diseño. Y cuando el silencio se vuelve política, la democracia deja de ser un sistema de información compartida para convertirse en una narrativa controlada. Ahí es donde el periodismo, el que incomoda, el que insiste, deja de ser oficio y se vuelve resistencia.
