Ciudad de México, 9 de abril de 2026 — Las llamadas “pensiones doradas” de altos funcionarios y directivos de empresas y organismos públicos están a un paso de desaparecer. El Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma al artículo 127 de la Constitución Política, tras recibir el aval de 20 congresos locales, un requisito superado para su validez.
La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que ninguna pensión o jubilación de exservidores públicos de confianza en organismos descentralizados, empresas del Estado (como Pemex y CFE) o fideicomisos podrá superar el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, equivalente a alrededor de 67 mil a 70 mil pesos mensuales.
Esta medida afecta a entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Nacional Financiera (NAFIN), Banobras, Bancomext y Banrural, quienes en algunos casos recibían pensiones superiores al millón de pesos al mes, financiadas con recursos públicos.
Según estimaciones oficiales, la reforma generará ahorros anuales de hasta 5 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales. Morena ha destacado que la iniciativa busca eliminar privilegios heredados de administraciones anteriores del PRI y PAN, promoviendo equidad y austeridad en el gasto público.
La reforma mantiene excepciones para las Fuerzas Armadas, pensiones no contributivas y sistemas de ahorro voluntario. Sin embargo, jubilados de Pemex y CFE han expresado preocupación, argumentando que la medida podría tener efectos retroactivos y vulnerar derechos adquiridos. “Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquier otro sector”, señalaron en llamados a actuar con “sensibilidad y responsabilidad histórica” en las leyes secundarias.
El proceso legislativo avanzó rápidamente: la iniciativa fue aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados con mayoría calificada. Con el respaldo de legislaturas estatales como las de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y otras (en total 20), la Mesa Directiva de San Lázaro emitió la declaratoria de constitucionalidad el 8 de abril. El decreto fue remitido al Senado para completar el trámite y posteriormente será enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), momento en que entrará en vigor.
Esta reforma representa uno de los primeros grandes cambios constitucionales del gobierno de Sheinbaum en materia de austeridad republicana.
