Organismo nacional advierte ambigüedad en términos como “alarma social” y “paz pública”, que podrían abrir la puerta a censura y violaciones a la libertad de expresión
Ciudad de México, 20 de diciembre de 2025.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, aprobadas en noviembre pasado, que tipifican como delito el uso de inteligencia artificial (IA) para generar contenidos falsos con el propósito de “provocar alarma social”.
El organismo autónomo argumenta que conceptos vagos e indeterminados en la norma, tales como “alarma pública”, “alterar la paz social”, “confianza en las instituciones” o “riesgo verificable”, permiten interpretaciones discrecionales por parte de autoridades ministeriales y judiciales, lo que podría derivar en actos de censura, represión arbitraria y restricción indebida al debate público y la libertad de expresión.
Aunque la CNDH reconoce la necesidad de combatir los riesgos asociados al uso malicioso de la IA —como la creación de deepfakes o la difusión dolosa de desinformación—, enfatiza que criminalizar tales conductas sin definiciones claras y precisas vulnera principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, así como derechos fundamentales protegidos en la Constitución y tratados internacionales.
Las reformas, impulsadas por el Congreso local y publicadas el 18 de noviembre, adicionan un nuevo capítulo al Código Penal potosino titulado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, con penas que van de dos a seis años de prisión, dependiendo de la gravedad. Incluyen excepciones para fines periodísticos, académicos, artísticos o de crítica política, siempre que no se acredite dolo.
Organizaciones civiles y expertas en derechos digitales, como Artículo 19, han coincidido en las críticas, señalando que la norma prioriza la penalización sin explorar mecanismos no punitivos y podría usarse para silenciar voces disidentes.
La resolución de la SCJN será clave para definir los límites entre la protección contra la desinformación tecnológica y la garantía de libertades fundamentales en un contexto de rápido avance de la IA. Se espera que el alto tribunal analice el caso en los próximos meses.
