Investigación de MCCI revela traspaso de propiedad a exfuncionario michoacano tras adjudicación directa de software NightHawk a empresa ligada al abogado señalado por facturación falsa
Ciudad de México, 26 de enero de 2026
Un millonario contrato de espionaje adjudicado en 2017 por el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán a Integra Software SA de CV —empresa vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga— está en el centro de una red de presuntas irregularidades que incluye la transferencia de un rancho de lujo en Florida a un exsubordinado del entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza.
Registros públicos del condado de Palm Beach documentan que, en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC —utilizada por Álvarez Puga para adquirir la propiedad— cedió mediante un “quitclaim deed” (cesión de derechos sin contraprestación financiera aparente) los derechos del inmueble a Raik Holdings Corp., compañía presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez. Este último fungió como titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración durante la administración de Aureoles, bajo la jefatura directa de Maldonado Mendoza.
El rancho, ubicado en el 4985 Stables Way, Wellington —una zona reconocida como capital ecuestre mundial—, tiene más de 15 mil metros cuadrados, incluye caballeriza para doce caballos, seis potreros, pista de equitación privada, alberca techada con jacuzzi, siete habitaciones de lujo y otros acabados premium. Álvarez Puga lo compró en 2019 por 4.9 millones de dólares. En junio de 2024, Raik Holdings Corp. lo vendió por 7 millones de dólares (aproximadamente 127 millones de pesos al tipo de cambio de entonces).
Rodríguez Pérez ha sido apoderado legal desde 2013 de Administradora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Regional Oicor SA de CV, empresa de Maldonado Mendoza —detenido por Interpol en Miami a finales de febrero de 2025 y extraditado a México por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, peculado y asociación delictuosa relacionados con sobreprecios en la construcción de cuarteles policiales—. Además, Raik Holdings Corp. tuvo como administradora a Gracia Augusta Mendoza Muciño, con vínculos familiares documentados en redes sociales con la familia Maldonado, incluido el hijo del exfuncionario, Carlos Maldonado Lara, deportista de dressage. Fotografías de la propiedad publicadas en 2024 muestran baúles de equipo ecuestre marcados con “Maldonado” y “Maldonado Lara”.
El contrato en cuestión fue adjudicado por vía directa en febrero de 2017 y firmado por Carlos Maldonado Mendoza (entonces secretario de Finanzas) y Raúl García Palacios, administrador único de Integra Software. Aunque inicialmente denunciado en noviembre de 2021 por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como un acuerdo por 19.5 millones de dólares para “espionaje” mediante monitoreo de direcciones IP, documentos obtenidos vía transparencia revelan que el monto total pactado ascendió a 34.7 millones de dólares (más de 600 millones de pesos) durante su vigencia de 22 meses (marzo 2017-diciembre 2018).
El objeto: instalación de doce terminales y pantallas de vigilancia para monitorear “objetivos estratégicos de inteligencia financiera” con tecnología descrita como “única en el mundo”. Investigación periodística identifica esa herramienta como NightHawk, malware desarrollado por Interionet Systems LTD —fundada por exdirectivos de NSO Group (creadores de Pegasus) Sharon Oknin y Yair Pecht—, capaz de intervenir dispositivos IoT como relojes inteligentes, asistentes de voz y smartphones. Interionet certificó a Integra Software como su representante exclusivo ante el gobierno michoacano.
Aunque Álvarez Puga no aparece como accionista de Integra Software, Raúl García Palacios —quien firmó el contrato— ocupó cargos clave en entidades ligadas al abogado: presidente de la Fundación Álvarez Puga (2011), comisario en VMAP Investments SA de CV y VMAP Investment Group SA de CV (donde Álvarez Puga se asoció con Sebastián Felipe Rodríguez Robles, ex tesorero de Chiapas), y director de Asuntos Jurídicos en Álvarez Puga & Asociados.
Integra Software también adquirió el 98% de Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV, empresa que en 2016 recibió contratos por 2 mil 950 millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS) para un C4 penitenciario que nunca se concretó, con fondos presuntamente lavados hacia empresas fantasma y transferencias a cuentas personales de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont —hechos que derivaron en orden de aprehensión en 2021 por delincuencia organizada, peculado y lavado—.
La investigación también vincula la Torre Impulso (Av. Santa Fe 443, CDMX), donde Álvarez Puga & Asociados tenía oficinas en el piso 35 y la Fundación Inés Gómez Mont Arena en el 37, con un centro de espionaje clandestino detectado en 2019 por el gobierno federal, según reportes de Reforma.
Álvarez Puga fue detenido por ICE en Florida en septiembre de 2025 por ingreso irregular a Estados Unidos; su paradero actual es desconocido tras desaparecer de registros públicos de detenidos en diciembre de 2025.
Esta red de vínculos contractuales, inmobiliarios y empresariales entre figuras del gobierno de Silvano Aureoles, exfuncionarios michoacanos y el abogado señalado como artífice de una amplia red de facturación falsa plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos y posibles mecanismos de compensación o encubrimiento.
MCCI consultó registros públicos del condado de Palm Beach, documentos vía transparencia y fuentes consultadas en el sector inmobiliario para esta investigación
