La renuncia sorpresiva de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha generado una crisis administrativa sin precedentes en el nuevo organismo creado tras la reforma judicial de 2024, que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal.
La magistrada, designada en septiembre de 2025 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para integrar el OAJ —donde encabezaba la Comisión de Carrera Judicial y Especialización—, presentó su renuncia ante la SCJN, aparentemente desde diciembre de 2025, aunque esta se hizo efectiva a inicios de enero de 2026, apenas cuatro meses después de asumir el cargo.
El caos administrativo y laboral
La salida de Pérez Romo provocó el cese inmediato de más de 60 colaboradores adscritos a su ponencia. El 6 de enero de 2026, personal del área jurídica del OAJ notificó la rescisión de contratos, sin que mediara explicación detallada ni designación previa de responsables para resguardar el equipo y mobiliario de las oficinas ubicadas en los pisos 6 y 11 del edificio en avenida Revolución 1508, sur de la Ciudad de México.
Como medida de precaución, las oficinas fueron selladas con precintos de seguridad del PJF, generando comparaciones con escenas de investigación criminal. Los trabajadores afectados se presentaron en Recursos Humanos del PJF (en Picacho-Ajusco) para tramitar sus bajas, pero encontraron que el sistema interno aún no registraba los ceses, lo que impide formalizar procedimientos y, en casos de empleados sin base en otras áreas, acceder a prestaciones como el seguro de retiro (fondos ahorrados quincenalmente). Fuentes consultadas indican que las bajas podrían demorar más de un mes.
Curiosamente, la última aparición pública de la magistrada en su oficina ocurrió el 15 de diciembre de 2025, días después de encabezar un convivio navideño el 12 de diciembre, donde transmitió un mensaje de continuidad y compromiso para el trabajo en 2026.
Silencio institucional y versiones extraoficiales
Ni la SCJN ni el OAJ han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la renuncia ni el estatus del personal cesado. El OAJ argumenta que no ha sido notificado formalmente del escrito de renuncia, ya que este se presentó directamente ante la Corte. La SCJN, por su parte, ha confirmado la recepción de la dimisión (aceptada en sesión privada), pero se ha limitado a señalar que no cuenta con “información ni posición oficial” sobre los motivos.
Diversas fuentes judiciales y reportes periodísticos coinciden en que la renuncia estaría vinculada a conflictos internos, particularmente una fuerte discusión con el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, en torno a la asignación de contratos y licitaciones. Versiones extraoficiales mencionan presuntas irregularidades en adjudicaciones directas, solicitudes de “moches” y una investigación en curso que habría precipitado la salida de Pérez Romo —considerada cercana al exministro Arturo Zaldívar— como la primera gran crisis en la cúpula del organismo.
Hasta el momento, la magistrada no ha hecho declaraciones públicas y su paradero es desconocido.
Este episodio representa la primera baja de alto perfil en el OAJ desde su creación y pone en evidencia las tensiones internas y los retos administrativos del nuevo modelo de administración judicial en México, en un contexto donde la opacidad y la falta de comunicación institucional han dejado en el limbo laboral y financiero a decenas de trabajadores. Se espera que en los próximos días surjan mayores precisiones sobre el caso.
