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La Presidencia reconoce el uso de procesos legales como forma de presión contra la prensa y abre la puerta a que el Estado brinde acompañamiento institucional más allá de la protección física.
Ciudad de México a 02 de enero 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza la posibilidad de que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas también pueda intervenir y brindar apoyo a comunicadores que enfrenten litigios o procesos penales derivados de su labor informativa, particularmente cuando éstos puedan afectar el ejercicio de la libertad de expresión.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que, si bien las fiscalías estatales son autónomas y los delitos deben investigarse conforme a la ley, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger el derecho a informar y a ser informado, especialmente cuando existen indicios de que denuncias o demandas puedan utilizarse como instrumentos de intimidación o censura indirecta contra periodistas.
La mandataria explicó que el mecanismo —creado originalmente para otorgar medidas de seguridad como escoltas, botones de pánico o reubicación— no se limita exclusivamente a la protección física, sino que puede analizar contextos más amplios de riesgo. En ese sentido, instruyó a la Secretaría de Gobernación a revisar casos en los que comunicadores enfrenten procesos judiciales relacionados con su trabajo periodístico, con el fin de evaluar si ameritan algún tipo de acompañamiento institucional.
Sheinbaum precisó que esta eventual intervención no implica impunidad ni una defensa automática de los periodistas ante la justicia. “Si alguien comete un delito, debe responder ante la ley como cualquier ciudadano”, subrayó. Sin embargo, enfatizó que la libertad de expresión es un pilar democrático y debe ser ponderada de manera prioritaria cuando el origen de un litigio esté vinculado a investigaciones, publicaciones o denuncias de interés público.
El pronunciamiento se da en un contexto marcado por casos recientes de periodistas procesados penalmente en distintas entidades del país, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de figuras legales —como daño moral, difamación u otros delitos— para frenar coberturas críticas. Organizaciones de periodistas han advertido que estas prácticas pueden constituir litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), una forma de presión que no siempre es atendida por los esquemas tradicionales de protección.
De acuerdo con datos de organizaciones internacionales, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no sólo por la violencia física, sino también por la criminalización y judicialización de la labor informativa. En ese escenario, especialistas consideran que la ampliación del enfoque del mecanismo podría representar un paso relevante, siempre que vaya acompañado de criterios claros, recursos suficientes y coordinación efectiva con autoridades judiciales.
El anuncio presidencial no modifica por ahora el marco legal vigente, pero abre la discusión sobre una interpretación más amplia del concepto de riesgo para periodistas y defensores de derechos humanos. El alcance real de esta medida dependerá de las resoluciones administrativas que adopte Gobernación y de la manera en que se traduzca en apoyo concreto para los comunicadores que enfrenten procesos judiciales relacionados con su trabajo.
