Puerto Vallarta, Jalisco – 28 de febrero de 2026. La ciudad turística de Puerto Vallarta enfrenta graves afectaciones en su vida cotidiana tras la ola de violencia desatada el domingo 22 de febrero, como represalia por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de las Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco.
De acuerdo con múltiples reportes coincidentes de fuentes locales y nacionales, alrededor de 63 establecimientos de la cadena OXXO —principalmente tiendas de conveniencia— fueron incendiados o severamente dañados en el municipio y su zona conurbana, desde Boca de Tomatlán hasta Nuevo Vallarta. Esta cifra representa aproximadamente el 81% de las sucursales existentes en la región (estimadas en 78 antes de los hechos).
La información circula ampliamente en redes sociales desde el activista Miguel Alfonso Meza y ha sido replicada por diversos medios y usuarios locales, quienes señalan que los ataques formaron parte de una estrategia de disrupción económica y social ejecutada por células del CJNG. Reportes de Latinus indican que “en pleno centro y sobre las principales vialidades, 63 establecimientos, entre ellos tiendas Oxxo y Kiosco, fueron atacados”, mientras que otros medios como El País y Aristegui Noticias documentaron incendios específicos en sucursales de OXXO en colonias como Aralias y sobre avenidas clave.
Aunque FEMSA (empresa propietaria de OXXO) reportó a nivel nacional más de 200 incidentes en tiendas de Jalisco y otros estados —incluyendo saqueos, daños e incendios—, sin especificar el desglose exacto por municipio, las cifras locales para Puerto Vallarta coinciden en torno a las 63 sucursales afectadas de manera grave.
Impacto en la población local
La desaparición masiva de estas tiendas ha generado un fuerte impacto en la vida diaria de los habitantes de Puerto Vallarta y zonas aledañas, donde OXXO representa un punto esencial de abastecimiento 24 horas para productos básicos: alimentos, agua, medicinas de venta libre, recargas telefónicas y efectivo.
Un testimonio recurrente en redes y reportes locales resume el sentir general: “No me había dado cuenta lo indispensables que eran en mi vida hasta que los quemaron todos”. Residentes han reportado filas en supermercados y tiendas restantes para adquirir lo básico, cierre temporal de restaurantes y comercios por falta de suministros, y dificultades para comunidades periféricas —como las aisladas por la quema de un puente en la zona de Ecoterra y La Desembocada—, donde los víveres locales se agotaron rápidamente tras el saqueo y destrucción del único OXXO accesible.
La violencia del 22 de febrero dejó más de 200 vehículos calcinados en el municipio (según el alcalde Luis Ernesto Munguía), narcobloqueos en carreteras y accesos, suspensión de clases y cancelación de eventos públicos. Aunque la mayoría de las sucursales afectadas iniciaron procesos de reapertura gradual en los días siguientes, muchas permanecen cerradas o en reparación, lo que prolonga la escasez y obliga a los vallartenses a desplazarse mayores distancias para compras cotidianas.
Organismos empresariales han condenado los actos y exigido garantías de seguridad, mientras el gobierno estatal y federal mantienen despliegue de fuerzas para contener nuevas represalias del CJNG. Las autoridades insisten en que la normalidad regresa paulatinamente, pero para miles de familias en Puerto Vallarta, la ausencia de estas tiendas emblemáticas evidencia la profunda vulnerabilidad de la cotidianidad ante la violencia criminal.
