Operación Caudal / Imagen: Fiscalía Edomex
Operación Caudal: El golpe histórico contra el ‘huachicol de agua’ en Edomex desata protestas y revela una red millonaria de sobreexplotación
Toluca, Edomex., 28 de octubre de 2025 – En un esfuerzo sin precedentes que marca el primer gran operativo coordinado contra el tráfico ilegal de agua en México, autoridades del Estado de México desmantelaron redes delictivas que extraían y revenden el recurso hídrico de manera clandestina, cobrando hasta un 60% más del precio regulado y distribuyendo agua sucia que pone en riesgo la salud pública. La “Operación Caudal”, lanzada el 24 de octubre y aún en curso, intervino más de 160 sitios en 48 municipios, clausurando pozos ilegales y asegurando cientos de pipas, pero ha generado bloqueos masivos de transportistas que exigen la reapertura de accesos al agua.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sedena, Semar, Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), ejecutó cateos simultáneos en la madrugada del viernes pasado. Los resultados iniciales son contundentes: 51 pozos clandestinos intervenidos, 138 tomas ilegales de tuberías oficiales y el aseguramiento de al menos 250 pipas y tráilers tipo “salchichas” de diferentes capacidades, sin permisos de operación. 17 18 Además, se detuvieron a siete personas en flagrancia, dos de ellas por obstrucción a la justicia, elevando la cifra de aprehensiones relacionadas con este delito ambiental y económico.
El modus operandi de estas redes, apodado “huachicol de agua” por analogía al robo de combustible, se basa en tres pilares: perforación de pozos sin autorización, sobreexplotación de pozos con permisos solo para autoconsumo y “pinchazos” directos en ductos públicos. “La venden como si fuera potable, pero solo le echan cloro a agua sucia”, explicaron fuentes de la FGJEM a este reportero, destacando que el agua robada se comercializa sin tratamiento adecuado, exponiendo a consumidores a contaminantes como bacterias y metales pesados. El precio regulado por CAEM es de 1,131 pesos por 10,000 litros para uso doméstico, pero en Ecatepec se detectaron cobros hasta un 59% superiores; en Cuautitlán, 41.4%; Tlalnepantla, 32.4%; y Toluca, 10%. 17
Los 48 municipios impactados abarcan una amplia zona metropolitana y rural: Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango. 17 11 En estos lugares, las redes operaban con fachadas de sindicatos como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), “Los 300”, “Unión 300”, “Libertad”, “25 de Mayo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, además de comisariados ejidales y autoridades coludidas. Estas grupos practicaban acaparamiento, extorsión a pobladores y despojo de recursos, obligando a comunidades a comprar solo de sus transportistas identificados con logotipos específicos.
El impacto social ha sido inmediato y controvertido. En Tulpetlac (Nezahualcóyotl), el cierre de pozos ha interrumpido el suministro a purificadoras locales, dejando a familias sin agua procesada. En Chimalhuacán, residentes del pozo San Pedro denuncian que el recurso se usaba para consumo social gratuito, no para venta ilegal, y exigen su reapertura inmediata. “No somos huachicoleros, somos piperos que sustentamos a nuestras familias”, gritaban más de 200 manifestantes el lunes, al bloquear por hasta 11 horas vialidades clave como la México-Querétaro y López Portillo, afectando accesos a la CDMX y Edomex. 2 15 Los inconformes, que incluyen dueños de purificadoras, demandan puntos de abastecimiento oficiales a precios justos y advierten de una crisis humanitaria en zonas marginadas.
Desde la FGJEM, el fiscal Mario Alberto Rodríguez enfatizó que estas acciones protegen el abasto público y restablecen la legalidad: “El Edomex es pionero en tipificar el robo de agua como delito penal en el artículo 145 del Código Penal, con penas de dos a seis años de prisión por distribución sin permiso”. 18 Hasta hace cinco años, estas prácticas solo generaban multas administrativas; hoy, abarcan a toda la cadena, desde extractores hasta distribuidores. El gobierno estatal, a través de la CAEM, anunció planes de contingencia para reabastecer comunidades afectadas y exhortó a piperos a operar desde puntos oficiales.
En un contexto nacional donde el “huachicol” se extiende a recursos como gas LP y madera, Operación Caudal revela la magnitud del problema hídrico en México: el país pierde hasta 40% de su agua por fugas y robo, según Conagua, exacerbando la escasez en el Valle de México. Expertos advierten que, sin inversión en infraestructura, estos operativos podrían repetirse, pero también generar tensiones sociales si no se acompaña de alternativas laborales para los afectados.
La investigación continúa, con más de 60 elementos federales y estatales en campo. Mientras, en las calles de Ecatepec y Tlalnepantla, el goteo de pipas detenidas es un recordatorio: el agua, vital y escasa, ya no es un bien de todos, sino un botín disputado.
