Por Staff /11 de febrero de 2026
Apenas un día después de que Transparencia Internacional publicara el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, México aparece de nuevo entre los países con peor calificación mundial. Con 27 puntos sobre 100, el país subió un punto respecto a los 26 de 2024 —su peor registro histórico hasta entonces—, pero cayó al puesto 141 de 182 naciones. El leve repunte no oculta la realidad: México sigue hundido en la parte baja del ranking global y regional, muy lejos de las democracias más sólidas del continente.
El promedio mundial cayó a 42 puntos, el más bajo en más de una década. En las Américas también se estancó en 42. Mientras Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68) lideran la región, México aparece agrupado con naciones como Camerún, Pakistán y Nigeria. Transparencia Internacional lo señala explícitamente: la corrupción en México ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política, genere impunidad y profundice la violencia.
Un problema estructural que sobrevive a los sexenios
El dato de 2025 llega en los primeros meses completos de la administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024 bajo la continuidad de Morena. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cerró con la peor calificación histórica (26 puntos en 2024). Lejos de revertir la tendencia, el primer año de Sheinbaum solo registra un repunte marginal que analistas consideran estadístico más que estructural.
Desde 2012, México ha perdido posiciones de manera casi constante. Su mejor registro reciente fue de 37 puntos en 2001; desde 2014 no supera los 35. Organizaciones como Transparencia Mexicana y expertos independientes advierten que el Sistema Nacional Anticorrupción creado en 2017 nunca funcionó a pleno: fiscalías autónomas debilitadas, opacidad persistente en contrataciones públicas y un Poder Judicial bajo fuerte presión política tras la reforma aprobada en 2024.
El nexo más preocupante que destaca Transparencia Internacional es el crimen organizado. Carteles han diversificado sus operaciones hacia la captura de gobiernos locales y estatales mediante sobornos, financiamiento de campañas y cooptación de autoridades. Casos documentados de “narcopolítica” en varios estados, desvío de recursos en programas sociales y la persistente opacidad en megaproyectos asignados sin licitación competitiva alimentan esta percepción.
¿Qué dice el gobierno y qué responde la sociedad?
El gobierno de Sheinbaum ha destacado avances en austeridad y combate a la corrupción de “arriba hacia abajo”. Sin embargo, el IPC se basa en percepciones de expertos y empresarios, que siguen viendo riesgos elevados en contrataciones, justicia y seguridad.
Organizaciones de la sociedad civil y la oposición cuestionan que la reforma judicial —que introduce la elección popular de jueces y ministros— pueda aumentar la politización de la impartición de justicia y, por tanto, la corrupción. Periodistas y defensores de derechos humanos continúan enfrentando altos niveles de violencia, con México entre los países más peligrosos para informar sobre estos temas.
Las recomendaciones que México ignora
Transparencia Internacional urge a los gobiernos de la región, incluido México, a:
- Fortalecer la independencia judicial
- Aumentar la transparencia en contrataciones públicas
- Proteger el espacio cívico
- Mejorar la cooperación internacional contra flujos ilícitos
Sin estas medidas, advierte la organización, la corrupción seguirá erosionando servicios públicos, derechos humanos y seguridad ciudadana.
México cierra el primer año de la “Cuarta Transformación 2.0” con una calificación que lo mantiene en el grupo de países donde la percepción de corrupción es endémica. El repunte de un punto puede ser un espejismo. La pregunta que queda en el aire es si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política real para romper los pactos de impunidad que han sobrevivido a múltiples administraciones.
