A pesar de sanciones de hasta 8 años de prisión y decomisos masivos, vapeadores se venden desde 35 pesos en calles del Centro Histórico, redes sociales y hasta máquinas expendedoras; la ley “se hace humo” ante la falta de control efectivo
Ciudad de México, 29 de enero de 2026 – Apenas dos semanas después de que entrara en vigor la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México (16 de enero de 2026), el mercado negro de estos dispositivos no solo sobrevive, sino que se expande de forma visible en el Centro Histórico de la capital.
La reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero y firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, prohíbe de manera absoluta la producción, importación, distribución, comercialización, publicidad y almacenamiento con fines de venta de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos —incluidos los desechables y sin nicotina—. Las sanciones penales van de 1 a 8 años de prisión y multas que superan los 200 mil pesos (hasta 2,000 veces la UMA). Sin embargo, el consumo personal no está penalizado.
A pesar de estas medidas drásticas, reporteros de diversos medios han documentado que en zonas como el Centro Histórico, la Alameda Central y el Barrio Chino, los vapeadores se ofrecen abiertamente en la vía pública desde precios tan bajos como 35 a 100 pesos por los modelos más básicos, hasta 300 pesos por los recargables con sabores y líquidos incluidos. Vendedores ambulantes los ocultan entre souvenirs, llaveros o en puestos semifijos, y muchos operan mediante catálogos digitales enviados por WhatsApp o redes sociales.
Incluso se reporta la existencia de máquinas expendedoras clandestinas y ventas en la calle a cualquier hora, sin restricción de edad efectiva. Frases como “la ley se hace humo” circulan entre usuarios y vendedores, reflejando la percepción general de que la prohibición no ha erradicado el consumo, sino que lo ha empujado a canales informales sin controles sanitarios.
El Gobierno de la Ciudad de México ha respondido con operativos: el 9 de enero (previo a la entrada en vigor plena), decomisó más de 50 mil 376 vapeadores en un puesto semifijo y una bodega en Peña y Peña, en el Primer Cuadro. La jefa de Gobierno destacó que estas acciones forman parte de un plan para liberar el Centro Histórico de mercancía ilegal, y se suman a retiros previos de miles de productos. La mercancía asegurada fue entregada a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) para destrucción, y se estima que su valor en el mercado negro ronda los 10 millones de pesos.
Organizaciones como México y el Mundo Vapeando habían advertido desde diciembre de 2025 que una prohibición total generaría un mercado negro sin precedentes, potencialmente controlado por grupos delictivos como la Unión Tepito en la CDMX o cárteles en otras regiones. Expertos señalan que, al igual que en otros países con prohibiciones similares, la medida desplaza el negocio del comercio formal (con posibles regulaciones de calidad) al clandestino, donde los productos pueden contener sustancias desconocidas o tóxicas, incrementando riesgos para la salud de los consumidores —especialmente jóvenes—.
Mientras COFEPRIS y autoridades locales intensifican verificaciones y campañas (incluida una próxima para turistas de cara al Mundial 2026), la realidad en las calles del Centro muestra que la prohibición enfrenta un desafío mayor: la demanda persistente y la dificultad para erradicar redes de distribución informal.
El vapeo, impulsado inicialmente como “alternativa menos dañina” al tabaco tradicional, sigue presente en México… solo que ahora bajo el manto de la ilegalidad.
