La decisión del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) se deriva del otorgamiento irregular de un contrato a Next Energy para construir una planta fotovoltaica —el fallo podría impactar sus aspiraciones políticas en el mediano plazo.
Mexicali, BC — El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó, la tarde del 8 de diciembre de 2025, la inhabilitación de Jaime Bonilla Valdez para ocupar cualquier cargo público —electivo o de libre designación— durante un periodo de tres años.
La sanción responde a una denuncia presentada por la entonces Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California, que señalaba como “falta grave” la adjudicación a Next Energy de un contrato para instalar una planta fotovoltaica en Mexicali. El TEJA determinó que tal decisión excedió las atribuciones del gobierno estatal, atribuible exclusivamente al gobierno federal.
La resolución fue confirmada públicamente por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante su conferencia de prensa; sin embargo, el fallo aún puede ser impugnado por Bonilla.
Analistas coinciden en que la medida no solo representa una sanción administrativa, sino también un revés político significativo. La inhabilitación compromete cualquier intención del exmandatario de aspirar a un cargo público en el corto y mediano plazo, incluidas eventuales candidaturas en los comicios de 2027.
Este veredicto también ocurre en un contexto de procesos penales vinculados a su administración: en la misma audiencia, varios de sus excolaboradores fueron vinculados a proceso por supuestas irregularidades en contratos de insumos médicos.
