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3 de febrero de 2026 – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes desde la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) en Dubái un ambicioso plan regulatorio para las plataformas digitales, con la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años como medida estrella.
En su intervención ante líderes internacionales, Sánchez calificó el actual ecosistema online como un “salvaje oeste digital” donde prolifera contenido ilegal —como pornografía infantil generada por IA, desinformación y discursos de odio— con “impunidad” por parte de las grandes empresas tecnológicas.
El jefe del Ejecutivo detalló cinco medidas clave que su Gobierno impulsará de forma inmediata:
- Modificación legislativa para hacer responsables penalmente a los directivos de las plataformas por infracciones graves que ocurran en sus servicios, acabando con la actual falta de accountability personal.
- Creación de un nuevo delito penal específico por manipulación algorítmica intencionada y amplificación de contenidos ilegales.
- Implantación de un sistema oficial de seguimiento y cuantificación del odio y la polarización, para rastrear y exponer públicamente cómo los algoritmos alimentan la división social.
- Prohibición expresa del acceso a redes sociales y plataformas digitales a menores de 16 años. Las empresas deberán implementar sistemas efectivos y reales de verificación de edad (no meras casillas de auto-declaración), como barreras técnicas robustas que impidan el registro o uso fraudulento.
- Colaboración estrecha con la Fiscalía para investigar y perseguir infracciones cometidas por plataformas concretas, con mención explícita a casos relacionados con Grok (la IA de X), TikTok e Instagram, y una política de “tolerancia cero” ante contenidos delictivos.
Sánchez adelantó que el paquete normativo se presentará en el próximo Consejo de Ministros —posiblemente la semana entrante— y se integrará en proyectos ya en tramitación, como la reforma de la Ley de protección integral a la infancia frente a la violencia. La medida de los 16 años requerirá aprobación parlamentaria, donde el Gobierno de coalición carece de mayoría absoluta, lo que genera dudas sobre su viabilidad inmediata.
La iniciativa se alinea con restricciones similares ya aprobadas o en debate en países como Australia (prohibición total para menores de 16), Francia y Portugal, y responde a crecientes preocupaciones globales por el impacto de las redes en la salud mental juvenil, el ciberacoso y la exposición a contenidos extremos.
El anuncio ha recibido apoyo de sectores que reclaman mayor protección infantil, pero también críticas por su posible ineficacia técnica (uso de VPN, cuentas falsas o evasión), por riesgos a la libertad de expresión y por el contexto político de un Ejecutivo en minoría. Desde La Moncloa se insiste en que se trata de “recuperar la soberanía digital” y garantizar un entorno online “sano y democrático” para las nuevas generaciones.
España se posiciona así a la vanguardia europea en la regulación de plataformas, en un momento en que la Unión Europea y otros gobiernos avanzan en medidas parecidas para blindar a los menores frente a los riesgos del mundo digital.
