Cuando la educación se gobierna desde la consigna
Por Nico Underwood
Hay momentos en que el debate educativo deja de ser pedagógico y se convierte en un problema de gobernabilidad del Estado. El llamado público de Marx Arriaga a “boicotear” a la Secretaría de Educación Pública, así como a “rebelarse” y construir una nueva organización educativa paralela, no puede leerse como una simple discrepancia ideológica. Es, en los hechos, una incitación a la ruptura institucional desde el interior del propio aparato gubernamental.
La gravedad no está únicamente en el contenido del mensaje, sino en su origen. No hablamos de un académico marginal, de un activista sin responsabilidades públicas ni de un crítico externo. Se trata de un funcionario que ocupa un cargo estratégico dentro del sistema educativo nacional y que, paradójicamente, convoca a debilitar la institución que le paga, le da poder y le otorga voz.
Este comportamiento plantea una pregunta incómoda pero inevitable ¿por qué sigue ahí?
La SEP, a través de su titular Mario Delgado, se deslindó públicamente de las acusaciones de “privatización encubierta” y defendió el modelo educativo heredado del obradorismo. El mensaje institucional fue claro, no existe tal conspiración. Sin embargo, el problema no quedó resuelto. Por el contrario, se profundizó. Porque si la SEP niega las afirmaciones, pero mantiene intacta la posición del funcionario que las formula, el Estado envía una señal de ambigüedad peligrosa.
En cualquier administración funcional, un servidor público que acusa a su propia dependencia de traicionar el proyecto nacional y llama a crear estructuras paralelas enfrenta, como mínimo, una separación inmediata del cargo. No por censura ideológica, sino por incompatibilidad institucional. El Estado no puede permitirse funcionarios que operen como oposición interna radicalizada mientras conservan atribuciones, recursos y plataformas oficiales.
Aquí es donde el tema deja de ser educativo y se vuelve político. La permanencia de Arriaga sugiere que no responde a la lógica administrativa tradicional, sino a una protección política superior, posiblemente vinculada a sectores duros del proyecto ideológico que conciben a la educación no como política pública, sino como trinchera doctrinaria. En ese marco, la evidencia, la evaluación y la gobernanza importan menos que la lealtad simbólica.
El daño potencial es profundo. No sólo se erosiona la credibilidad de la SEP; se introduce ruido deliberado en un sistema ya de por sí frágil; docentes confundidos, comunidades polarizadas, sindicatos presionados a tomar partido y una narrativa de “enemigos internos” que sustituye al análisis técnico. La educación pública se convierte así en campo de batalla, no en espacio de construcción social.
Desde una perspectiva crítica y sí, abiertamente opinativa, sostener a un funcionario que llama al boicot institucional no es tolerancia democrática, es negligencia política. O peor aún, complicidad silenciosa. Porque cuando el sabotaje viene desde dentro y no hay consecuencias, el mensaje es inequívoco, el problema no es el discurso, sino quién controla el poder real detrás de él.
México no necesita una educación sometida al dogma ni a la paranoia ideológica. Necesita instituciones estables, funcionarios responsables y un debate serio basado en evidencia, no en consignas. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, en educación, siempre hace que quienes terminen pagando la cuenta más cara, sean los estudiantes y el desarrollo de nuestro país.
México necesita instituciones que operen, no trincheras; servidores públicos que entiendan que su cargo implica responsabilidad, no licencia para dinamitar desde dentro; y un debate sustentado en evidencia, no en consignas que sólo sirven para encubrir incompetencias.
