La UNESCO alerta mientras gobiernos locales como Veracruz y Campeche atacan directamente a la prensa
Redacción Algoritmo.mx – Ciudad de México, 2 de enero de 2026
El informe de la UNESCO “Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de Comunicación 2022-2025” pinta un panorama desolador: un retroceso del 10% en la libertad de expresión global desde 2012, impulsado por el aumento de la autocensura (hasta el 63%) y los ataques a periodistas, con 186 asesinados en el período y 93 solo en 2025. La impunidad ronda el 85%, y amenazas como el acoso en línea –que afecta al 75% de las mujeres periodistas– y el exilio forzado (más de 900 en América Latina desde 2018) agravan la crisis.
En México, este deterioro se magnifica, con el país como uno de los más letales para la prensa fuera de zonas de guerra. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Artículo 19 registran un aumento en agresiones: 639 en 2024, un 13.9% más que el año anterior. El Mecanismo de Protección federal presenta fallas graves, con periodistas protegidos asesinados y solicitudes rechazadas masivamente.
Los gobiernos federal y locales comparten responsabilidad directa en esta crisis, no solo por omisión ante la violencia del crimen organizado, sino por acciones activas que estigmatizan, hostigan y judicializan la labor periodística. Dos casos emblemáticos ilustran esta tendencia: los gobiernos de Veracruz y Campeche.
Veracruz: Estigmatización oficial y tercer lugar en agresiones
Veracruz se posicionó en 2024 como el tercer estado con más agresiones a la prensa (42 casos, según Artículo 19), concentrando intimidaciones, hostigamiento y amenazas. Durante el sexenio de Cuitláhuac García (2018-2024), la impunidad en crímenes contra periodistas persistió, similar a administraciones previas, enviando el mensaje de que atacar a la prensa no tiene consecuencias.
Artículo 19 documentó un patrón de estigmatización desde el gobierno estatal, especialmente contra mujeres periodistas que cubrían temas de derechos humanos, violencia de género y corrupción. Policías estatales han protagonizado agresiones directas, como en julio de 2025, cuando retuvieron y golpearon a tres periodistas durante una protesta, hospitalizándolos. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) reportó 74 agresiones en 2024, aunque con una reducción respecto a 2023.
El acoso judicial también prolifera: Veracruz lidera en 2025 con 10 de los 51 casos nacionales documentados por Artículo 19, usando demandas para silenciar críticas. Esta combinación de violencia física, impunidad y presión oficial genera autocensura y exilio, alineándose con las tendencias globales alertadas por la UNESCO.
Campeche: Persecución judicial sistemática bajo Layda Sansores
En Campeche, el gobierno de Layda Sansores ha convertido el acoso judicial en herramienta principal de censura. Periodistas enfrentan detenciones arbitrarias, agresiones físicas y procesos penales, civiles y electorales por publicaciones críticas.
El caso más grave es el del veterano periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna: en 2025, una jueza lo vinculó a proceso por “delito de odio” tras denuncia de Sansores, prohibiéndole ejercer el periodismo por dos años y ordenando el cierre temporal del medio. González, de 72 años, denunció golpizas policiales en abril de 2025 durante una detención, y enfrenta demandas por daño moral con embargos amenazados.
Otros periodistas, como Abraham Martínez Caamal, Carlos Ernesto Martínez Caamal y Jesús Hubert Carrera Palí, fueron obligados por el Tribunal Electoral estatal a disculparse públicamente con Sansores por supuesta “violencia política de género” en comentarios críticos. La Fiscalía solicitó datos de periodistas de Telemar por publicaciones contra la gobernadora, y medios como Tribuna han sido vetados o cerrados.
Artículo 19 y Proceso describen un patrón de asedio financiado con recursos públicos: demandas masivas, censura previa y estigmatización en el programa oficial “Martes del Jaguar”. Campeche figura entre los estados con más acoso judicial en 2025, ilustrando cómo autoridades usan el sistema legal para acallar voces disidentes.
Responsabilidad compartida y necesidad de acción
Estos ejemplos en Veracruz y Campeche reflejan una responsabilidad directa de gobiernos locales –y por extensión federal– en el deterioro de la libertad de expresión. En lugar de proteger, estigmatizan y persiguen, exacerbando la impunidad global (85%) y la autocensura destacadas por la UNESCO.
La organización internacional urge inversión en periodismo independiente, transparencia digital y alfabetización mediática. En México, urge reformas judiciales profundas, fin al acoso SLAPP (demandas estratégicas contra participación pública) y voluntad política para combatir la impunidad. Sin ello, la prensa seguirá silenciada, y con ella, la democracia.
