Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que busca sancionar de manera específica el reclutamiento de personas para organizaciones criminales, una práctica que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.
El dictamen recibió 419 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, durante la sesión del martes 20 de octubre.
La propuesta modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el propósito de incorporar un capítulo dedicado al reclutamiento criminal.
La reforma contempla penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes incorporen o intenten incorporar personas a grupos delictivos, incluso mediante engaños o falsas ofertas de trabajo.
Cuando existan amenazas, intimidación, violencia, coacción o abuso de poder, las sanciones propuestas aumentan a un rango de 15 a 25 años de prisión.
Reclutamiento de menores será considerado forzado
Uno de los aspectos centrales del dictamen establece que la captación de niñas, niños y adolescentes para organizaciones criminales será considerada reclutamiento forzado, independientemente de que se demuestre la utilización de amenazas.
La disposición busca reconocer la situación de vulnerabilidad de los menores de edad frente a estructuras delictivas.
La propuesta también contempla agravantes cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, sean personas migrantes o sufran otras formas de violencia.
Las sanciones podrían incrementarse cuando participen servidores públicos o personas que hayan formado parte de corporaciones de seguridad.
Buscan enfrentar captación mediante internet
Durante la discusión legislativa se advirtió que las organizaciones criminales utilizan cada vez más herramientas digitales para contactar a posibles víctimas.
Entre los mecanismos identificados se encuentran anuncios de empleos falsos, contactos mediante redes sociales y comunicaciones que posteriormente se trasladan a servicios privados de mensajería.
La reforma busca que esas modalidades puedan investigarse mediante un tipo penal específico.
Hasta ahora, numerosos casos han sido perseguidos mediante figuras jurídicas relacionadas con trata de personas, corrupción de menores, privación de la libertad o delincuencia organizada.
La ausencia de una clasificación penal específica ha dificultado dimensionar el fenómeno y establecer estadísticas comparables.
Reforma todavía no está vigente
La aprobación de la Cámara de Diputados no significa que las nuevas sanciones ya puedan aplicarse.
El dictamen fue enviado al Senado, donde deberá continuar el procedimiento legislativo.
De aprobarse definitivamente, todavía será necesaria su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la entrada en vigor conforme a sus disposiciones transitorias.
El seguimiento deberá concentrarse en la discusión senatorial y en la capacidad institucional para prevenir el reclutamiento, proteger a las víctimas e investigar a los responsables.
About the Author
