Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- La crisis de desapariciones en México volvió al centro de la discusión internacional después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitara que la Asamblea General examine la situación del país y considere mecanismos adicionales de cooperación.
Durante la presentación de su informe anual, realizada el martes 20 de octubre en Nueva York, el presidente del comité, Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció los avances comunicados por el Gobierno mexicano en materia de búsqueda, pero sostuvo que persisten desafíos que requieren atención internacional.
El organismo destacó que, según las cifras presentadas por las autoridades mexicanas, durante 2026 se ha localizado a más de 16 mil personas.
Sin embargo, la dimensión del problema continúa siendo considerable, pues los registros oficiales incluyen más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas.
México reconoce participación de algunas autoridades municipales
La delegación mexicana estuvo encabezada por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Durante su intervención, el funcionario afirmó que el Estado mexicano no tolera la desaparición de personas y que las instituciones mantienen acciones de búsqueda e investigación.
También reconoció que actualmente existen casos en los que participan organizaciones criminales y algunas autoridades municipales.
La declaración resulta relevante porque admite la posible intervención de agentes estatales en determinados hechos, aunque no implica atribuir responsabilidad generalizada a todas las instituciones de seguridad.
El Gobierno federal defendió las reformas legales y los mecanismos de coordinación establecidos para mejorar la localización de personas.
Entre las medidas mencionadas se encuentran la búsqueda inmediata, el fortalecimiento de las capacidades forenses y la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Continúa controversia sobre el artículo 34
El Comité contra la Desaparición Forzada reiteró su decisión de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El mecanismo permite llevar determinadas situaciones de especial gravedad a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Las autoridades mexicanas mantienen diferencias con el comité respecto de la interpretación y aplicación de esa disposición.
El organismo internacional ha señalado que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Esa valoración no equivale a una sentencia judicial ni establece automáticamente responsabilidad penal de personas determinadas. Tampoco constituye, por sí sola, una resolución de responsabilidad internacional contra México.
La presentación del informe no produjo una decisión definitiva de la Asamblea General sobre nuevas medidas para el país.
El seguimiento deberá concentrarse en la evolución del procedimiento internacional, la transparencia de las cifras de localización y las acciones concretas para atender a las familias buscadoras.
About the Author
