Guadalajara, Jal., 19 de octubre de 2026.- La inconformidad por la calidad del agua potable volvió a movilizar a miles de habitantes de Guadalajara durante el domingo 18 de octubre. La jornada, convocada para exigir soluciones al suministro y denunciar presuntos abusos policiales ocurridos una semana antes, quedó marcada por actos de violencia atribuidos a grupos de personas encapuchadas.
La manifestación tuvo como antecedente los enfrentamientos del 11 de octubre, cuando decenas de participantes fueron detenidos durante una protesta por las condiciones del agua distribuida en la zona metropolitana.
En esta segunda jornada, los ciudadanos reclamaron resultados concretos para resolver los problemas de turbiedad, malos olores y posible contaminación del suministro domiciliario.
De acuerdo con la cobertura de La Jornada, alrededor de 10 mil personas participaron en la movilización. La estimación corresponde al reporte periodístico y no constituye un aforo oficial definitivo.
Mientras el contingente principal avanzaba por el centro de la ciudad, personas encapuchadas ocasionaron daños en inmuebles públicos, entre ellos el Congreso estatal y el Palacio de Justicia. También se reportaron incendios y destrucción de accesos.
El Gobierno de Jalisco informó sobre la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con los incidentes. Según la versión estatal, fueron localizadas a bordo de un vehículo con reporte de robo.
Las organizaciones convocantes se deslindaron de las acciones violentas y denunciaron la presencia de posibles provocadores. Sin embargo, la identidad, las motivaciones y las eventuales relaciones de los responsables deberán establecerse mediante investigaciones.
Las cinco personas detenidas conservan su presunción de inocencia. Asimismo, los daños provocados por determinados individuos no deben atribuirse al conjunto de manifestantes que ejercieron pacíficamente su derecho a protestar.
La crisis continúa planteando un desafío para las autoridades: demostrar mediante análisis públicos y verificables que el agua distribuida cumple los estándares sanitarios.
El seguimiento estará en las investigaciones de los incidentes, la situación jurídica de los detenidos y los resultados de las medidas para recuperar la calidad del suministro.
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